Eduardo Romero: La política migratoria española: del Plan África y los intereses neocoloniales a los vuelos de deportación |
En comparación con otros territorios del Estado español, en Asturias no ha habido nunca demasiados inmigrantes, pero el nivel de hostigamiento policial hacia ellos ha sido y es igual de elevado que en las regiones con mayores flujos migratorios. Para intentar desentrañar por qué ocurre eso, en el año 2005 la Asociación Cambalache empezó a investigar y reflexionar sobre la política migratoria española, "aunque en un principio", precisó Eduardo Romero, integrante de este colectivo -con el que ha publicado varios libros como A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010) o Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011)-, "no estaba dentro de nuestras previsiones trabajar de forma central el tema de las migraciones". (...) "Queríamos encontrar las claves políticas", añadió, "que nos ayudaran a comprender y explicar qué había detrás de la cotidianidad de las redadas racistas, de los calabozos llenos de personas migrantes, de la creación de los Centros de Internamientos para Extranjeros y, finalmente, de las deportaciones... Todo ello teniendo en cuenta que para nuestro colectivo es fundamental que los movimientos sociales hagan también un trabajo de construcción y difusión de pensamiento crítico, pues consideramos que este trabajo no debe ser monopolizado por la academia". Al igual que el sociólogo franco-argelino Abdelmalek Sayad, para Eduardo Romero es necesario tener una mirada "contextualizadora" sobre la experiencia de la emigración que, a su juicio, es justo la contraria de la que actualmente se está ofreciendo desde los medios de comunicación, donde lo que nos encontramos es, en sus palabras, "una radical descotextualización del hecho migratorio, presentando a las personas migrantes como sujetos subidos a una alambrada que no tienen ni pasado ni futuro". A su vez, en la línea de Mercedes G. Jiménez, Romero considera que no sólo hay que denunciar, visibilizar e intentar combatir los dispositivos directamente represivos de las políticas migratorias, sino también la "mutación antropológica", parafraseando a Pier Paolo Pasolini, experimentada durante las últimas décadas por las sociedades occidentales que permite que permanezcamos impasibles ante la muerte cada año de miles de personas migrantes que lo único que quieren es mejorar sus condiciones de vida. Según Romero, a esta descontextualización también contribuyen acciones y propuestas más o menos bien intencionadas que, aunque sea de forma inconsciente, reproducen una visión cosificada y exotista del migrante y de su cultura. En este sentido, el autor de Relatos de racismo y represión recordó que el filósofo y activista Frantz Fanon decía que las culturas colonizadoras imponen su hegemonía no destruyendo a las culturas colonizadas sino cosificándolas, convirtiéndolas en una mera suma de anécdotas. "Y esto es lo que hacen, aunque no sea su intención, muchas de las jornadas multiculturales que se suelen organizar", advirtió, "donde la inmersión en las culturas de origen de las comunidades migrantes queda reducida a sesiones de degustación gastronómica o a conciertos de djembé. Yo no quiero ridiculizar las degustaciones gastronómicas ni los conciertos de djembé, sino criticar el marco en el que se suelen insertar y que hace que funcionen como meras anécdotas. Y lo que planteo es que, frente a esta cosificación, tenemos que generar discursos y proyectos que aborden y muestren de una manera mucho más digna y compleja la historia y la cultura de las comunidades migrantes con las que nos entrelazamos. Sólo así se podrá luchar contra la radical descontextualización del hecho migratorio que se nos intenta imponer".
Antes de entrar de lleno en el análisis de la dimensión interior de la actual política migratoria del Estado español (así como de una serie de antecedentes históricos que, a su juicio, nos pueden ayudar a comprender sus verdaderos objetivos), Eduardo Romero quiso detenerse en un par de ejemplos especialmente "obscenos" de la dimensión exterior de dicha política. Dos ejemplos que, además de tener una relación directa con las comunidades migrantes con las que tiene vínculos la Asociación Cambalache, nos muestran de forma muy clara cómo España, al igual que otros países de la Unión Europea, está utilizando esta política no sólo para controlar los flujos migratorios, sino también para consolidar y ampliar su control sobre ciertos recursos del norte de África, en lo que supone una auténtica reedición de la lógica colonial. El primero de estos ejemplos sería la estrecha relación de "cooperación" que el Estado español mantiene con países como Nigeria, de donde proceden algunos de los inmigrantes subsaharianos que residen en Asturias. Una relación con la que, más allá de los argumentos que se utilizaron para tratar de justificar la puesta en marcha del Plan África, lo que se intenta es garantizar el abastecimiento energético de España, como demuestran unas recientes declaraciones de Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano ("unos de los centros de pensamientos más directamente vinculados con el poder político y económico del Estado español"), en las que venía a decir que, en vistas a las próximas elecciones nigerianas, había que empezar a pensar cómo contribuir a evitar el riesgo de desestabilización yihadista en una zona que es especialmente sensible para los intereses de España. El segundo ejemplo sería lo que está ocurriendo con el sector pesquero, pues en virtud a diversos acuerdos de cooperación, en la actualidad hay centenares de barcos españoles y europeos que están faenando en aguas de países africanos e incluso utilizando éstas para verter residuos contaminantes. "De hecho", recordó Eduardo Romero, "nosotros hemos trabajado con antiguos pescadores procedentes de Senegal reconvertidos en manteros que nos cuentan que tuvieron que abandonar su actividad por la llegada a las costas de su país de grandes barcos pesqueros que han hecho que sea prácticamente inviable la pesca artesanal"1. Las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español no puede entenderse, por tanto, en términos únicamente represivos. Por ello, Romero considera que la metáfora de la "fortaleza europea", tan utilizada por los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes, aunque ha sido y sigue siendo muy útil para describir la dimensión explícitamente violenta del control fronterizo, resulta, en gran medida, insuficiente. "No hay que olvidar que en España, entre finales de la década de los noventa y los años 2007/08, la población migrante se multiplicó por seis (pasó de un millón a seis millones). Y eso no ha sido casual: sucedió porque interesaba que sucediera", señaló. Para intentar contribuir a profundizar en el análisis y comprensión de los verdaderos objetivos de las políticas migratorias de las dos últimas décadas, Eduardo Romero abrió un largo paréntesis histórico, mostrando que existen claros precedentes de las mismas en diferentes periodos de la historia del capitalismo. "Al hilo de lo que ha contado Mercedes G. Jiménez de que la reciente Ley de Extranjería que ha aprobado el gobierno marroquí penaliza, no sólo el hecho de entrar, sino también de salir de forma irregular del país", señaló Romero, "habría que recordar que en el siglo XVIII, las naciones europeas, desde la premisa de que tener una población numerosa era una potencial fuente de riqueza, también criminalizaron la emigración. De hecho, en Francia y en los países escandinavos ésta llegó a ser declarada ilegal y en Gran Bretaña estuvo prohibida para determinados tipos de obreros cualificados". Sin embargo, esas leyes no impidieron que una buena cantidad de europeos abandonaran sus países de origen. Cantidad que creció exponencialmente entre las últimas décadas del siglo XIX y la I Guerra Mundial, cuando se calcula que salieron de Europa más de 50 millones de personas (37 a Norteamérica, 11 a América Latina y unos 3,5 a Australia y Nueva Zelanda), a lo que habría que añadir los que emigraron a otros países europeos. A juicio de Eduardo Romero, un ejemplo histórico que nos puede resultar especialmente útil a la hora de intentar entender por qué ha sido como ha sido la política migratoria española de los últimos años es lo que ocurrió en Irlanda durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. "En ese periodo", recordó, "hubo masivas muertes por hambrunas en este país, y varios millones de irlandeses decidieron emigrar a Gran Bretaña y Estados Unidos, siendo la mortalidad en estos viajes bastante elevada". Y, sin embargo, como señala Karl Marx en un pasaje de El Capital en el que plantea la necesidad de que los análisis demográficos hay que hacerlos en términos socio-históricos, para el proyecto capitalista la isla seguía estando superpoblada... "Tres millones y medio de personas viviendo en Irlanda se seguían considerando demasiadas personas", subrayó Romero, "porque se quería convertir la isla en un inmenso pasto que cubriera las necesidades alimentarias de la creciente población industrializada británica". Además, en esos años los inmigrantes irlandeses también vieron como en Estados Unidos, economistas que se declaraban firmes defensores del libre mercado presionaron al gobierno para que impidiera que las personas que llegaban desde Irlanda y otros países europeos pudieran acceder con facilidad a la propiedad de tierras, subiendo artificialmente el precio de éstas, de modo que se vieran obligadas a trabajar como asalariados en la industria manufacturera. "El caso irlandés nos muestra cómo el capitalismo instrumentaliza a la población migrante", aseguró el autor de Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África. "En los ciclos de crecimiento recurre a los inmigrantes para que trabajen como mano de obra barata, pero cuando se producen periodos de recesión los desecha sin miramientos, aplicando sobre ellos todo tipo de medidas represivas e incluso dejando y fomentando que se conviertan en el chivo expiatorio sobre el que recae gran parte del descontento social". Esto fue justo lo que ocurrió en la década de 1930, cuando, como denuncia Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, muchas de las personas que huían de la Alemania nazi fueron perseguidas y maltratadas por las fuerzas policiales de los países en los que se refugiaban, donde a menudo acababan recluidos en centros de internamiento. Unas fuerzas que, según Romero, incluso llegaron a colaborar con la Gestapo en el control fronterizo y migratorio. Europa occidental vive un nuevo ciclo de expansión tras la II Guerra Mundial que fue, en palabras de Eduardo Romero, "la salida genuinamente capitalista que se la dio a la gran crisis de 1929, pues permitió destruir los excedentes de capital y de personas que habían devenidos en superfluos para las dinámicas de acumulación". Hay que tener en cuenta que a partir de 1945 se vuelve a necesitar mano de obra barata para posibilitar el proceso de reconstrucción de un continente que había quedado devastado. Una mano de obra que llega tanto desde los países del sur de Europa (España, Portugal Grecia...) o limítrofes (Turquía...), como desde las antiguas colonias, y que, en gran medida, constituirá el núcleo de la nueva clase obrera europea. En este sentido, cabe recordar que la teórica y activista feminista italiana Mariarosa Dalla Costa asegura en su libro Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista que la emigración argelina hacia Francia en los años posteriores a la II Guerra Mundial no sólo sirvió para abastecer de obreros y obreras las fábricas galas, sino también para contribuir a satisfacer la demanda de reactivación de la reproducción que la nueva fase de acumulación capitalista exigía. "Una demanda que diversos procesos de transformación y concienciación más o menos explícitamente feministas experimentados por las mujeres francesas habían hecho que éstas ya no estuvieran dispuestas a asumir", puntualizó Romero. Este ciclo de expansión llega a su fin en los años setenta del siglo pasado, un momento en el que vuelven a impulsarse políticas de control fronterizo mucho más restrictivas y a aparecer -o, más exactamente, a cobrar mayor relevancia y visibilidad social- voces que reclamaban que los inmigrantes tenían que regresar a sus países de origen. "Ahora estamos en un momento parecido", advirtió Eduardo Romero, "por eso es bueno recordar que esas políticas no produjeron un retorno masivo, como tampoco lo están produciendo en la actualidad. Y no lo hicieron porque, por un lado, los estados europeos seguían necesitando mano de obra barata dispuesta a trabajar en condiciones laborales cada vez más devaluadas; y, por otro lado, porque los propios inmigrantes, aprovechando los pocos resquicios que les dejaba la legislación, habían aprendido a desarrollar estrategias legales que les permitían mantener sus permisos de residencia y/o acelerar sus procesos de nacionalización... El caso es que durante las décadas de 1970 y 1980, el número de inmigrantes en Europa continuó creciendo, si bien a un ritmo mucho más lento que en las décadas anteriores. Y eso, de algún modo, se está repitiendo en la actualidad". La economía occidental y, en especial, la española, vive un nuevo momento de auge entre 1994 y 2007. En ese periodo, se produjo en España una incorporación masiva a la relación salarial: en apenas trece años el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en casi ocho millones de personas, pasando de doce a veinte. ¿Y de dónde salieron esas personas? Pues, según Romero, en un primer momento, hasta aproximadamente el años 2000, casi el 90% de los nuevos cotizantes fueron autóctonos2: mientras que en la segunda mitad de ese periodo, es decir, entre 2001 y 2008, cuando se crean casi cuatro millones y medios de nuevos empleos, más del 50% de los incorporados a la relación salarial fueron inmigrantes. El incremento exponencial de la incorporación de población migrante al mercado laboral español (y, en general, [el incremento] del número de inmigrantes residentes en España), co-existe con la creación de un fuerte aparato represivo (redadas, centros de internamientos para extranjeros, deportaciones...) para el control fronterizo y migratorio. "La tesis de la Asociación Cambalache para explicar esta aparentemente contradictoria co-existencia", comentó Eduardo Romero, "es que todos estos dispositivos directamente represivos funcionan como una especie de mecanismo ejemplarizante para generar miedo y sensación de vulnerabilidad, contribuyendo junto a otros dispositivos no directamente represivos, como los intrincados recorridos administrativos para obtener o renovar los permisos de residencia, a disciplinar a la población migrante y convertirla en fuerza de trabajo barata y servil". O dicho con otras palabras, el objetivo de la política migratoria española no ha sido tanto producir inmigrantes deportados como inmigrantes amenazados. Una amenaza que les obliga a asumir una actitud políticamente pasiva y que les empuja a aceptar trabajar en condiciones de gran precariedad. En este sentido, Romero señaló que para la Asociación Cambalache es fundamental que empecemos a tomar consciencia de que no se puede desligar la política migratoria de la política económica, laboral y social que se llevó a cabo durante ese periodo de auge económico, pues es esa conexión, que los discursos oficiales tratan de invisibilizar, la que nos permite entender cómo ha funcionado (y sigue haciéndolo) el disciplinamiento de la población migrante. En este punto de su intervención, Eduardo Romero repartió entre los asistentes a la primera sesión de las jornadas Sobre fronteras y cuerpos desplazados: Diálogos inter-epistémicos, un detallado esquema, elaborado por la Asociación Cambalache, de la política migratoria del Estado español durante los últimos años. Este esquema nos muestra que más que la dimensión puramente represiva de dicha política es su vertiente administrativa (esto es, el conjunto de requisitos que [los inmigrantes] deben cumplir para acceder a una situación de regularidad y mantenerse dentro de ella, y que podemos ver como una sucesión de "fronteras interiores") lo que de forma más continua y generalizada condiciona la cotidianidad de la población migrante, propiciando una inserción particularmente vulnerable de la misma en el mercado de trabajo. Vulnerabilidad a la que hay que sumarles otras, como la segregación urbana y educativa o, desde el año 2012/13, la exclusión de muchos inmigrantes del sistema público de atención sanitaria. Pero el disciplinamiento de esta población no sería realmente efectivo si la penalización por el incumplimiento de algunos de los requisitos vinculados a la vertiente administrativa de la política migratoria no fuera visto como una amenaza real. Y es por ello por lo que también se ponen en marcha una serie de medidas y acciones explícitamente represivas, empezando por la realización periódica de "redadas racistas" para pedir papeles (redadas de las que han sido víctimas -en muchos casos en más de una ocasión- la mayoría de los inmigrantes que residen en España), continuando por la reclusión en calabozos y centros de internamiento para extranjeros y finalizando por las deportaciones (se calcula que entre diez y quince mil personas son deportadas cada año). A juicio de Romero, la indudable desproporción entre, por un lado, el número de inmigrantes que hay en España (seis millones) y, por otro lado, la enorme cantidad de identificaciones que se llevan a cabo en el marco de las redadas antes citadas, y el número de personas que, finalmente, son deportadas, refleja de forma muy clara que el verdadero objetivo de la dimensión represiva de esta política no es controlar los flujos migratorios, sino, como ya hemos apuntado, generar en este colectivo miedo y sensación de vulnerabilidad. Y, con ello, posibilitar que el complejo sistema de control e instrumentalización de la población migrante que se ha ido montado durante las dos últimas décadas no se desmorone. En la actualidad, inmersos, como estamos, en un nuevo ciclo de recesión, nos encontramos con que, además de las deportaciones forzadas, hay un porcentaje no demasiado grande pero sí significativo de inmigrantes que está abandonado España de forma voluntaria, ya sea para retornar a sus países de origen o para desplazarse hacia otros países, especialmente de América Latina, que están experimentando un momento de crecimiento económico. Pero al mismo tiempo, todas las investigaciones y previsiones apuntan a que, debido al creciente envejecimiento de la población, el Estado español, como el resto de los países europeos, va a seguir necesitando, a medio y largo plazo, mano de obra migrante. En este sentido, Eduardo Romero concluyó su intervención recordado unas declaraciones de Felipe González en la que instaba a contratar mujeres jóvenes, "sobre todo si se van a quedar embarazadas", como medio de combatir el declive demográfico. Unas declaraciones que a su juicio reflejan que para los líderes europeos y las instituciones que dirigen, el envejecimiento de la población supone un verdadero quebradero de cabeza. Y que, más allá de las medidas que se han puesto en marcha para el control fronterizo y migratorio (medidas más efectistas que efectivas), Europa tiene claro que el rejuvenecimiento de su población y, con ello, la posibilidad de mantener un ritmo constante crecimiento (algo que en un sistema capitalista no es opcional), pasa por seguir reclutando inmigrantes.
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