Además de generar una especie de mitología en torno a la idea de crecimiento (presentándolo como algo que siempre será beneficioso para el conjunto de la sociedad y que, por tanto, debe ser un objetivo irrenunciable), el enfoque económico dominante ha conseguido que la mayor parte de los ciudadanos crean que el modelo económico actual favorece la producción de riquezas. "Cuando en realidad", aseguró José Manuel Naredo, Doctor en Ciencias Económicas, en el inicio de su intervención en la segunda presentación pública de Sobre capital y territorio II, "lo único que promueve es la adquisición de riquezas". De hecho, más que en la producción, este modelo se basa en la extracción y explotación de recursos pre-existentes, lo que provoca daños físicos y sociales que tratan de invisibilizarse o que, en todo caso, se justifican con el argumento de que son inevitables para seguir creciendo.
A su vez, gracias a que se ha conseguido extender la idea de que el modelo económico actual fomenta la producción de riquezas y, con ello, el crecimiento, parece que las actividades económicas están por encima del bien y del mal (es decir, al margen de consideraciones morales) y que se rigen única y exclusivamente por las reglas del mercado, sin que haya interferencias del poder político. "Algo que es completamente falso", advirtió Naredo, "como demuestran los megaproyectos en los que la intervención del sector público es fundamental, aunque se nos quiera hacer creer lo contrario".
José Manuel Naredo, autor de libros como La economía en evolución, La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente o Por una oposición que se oponga, distingue entre dos tipos fundamentales de megaproyectos: los constructivos, en los que la clave del negocio está en "inflar lo más posible el presupuesto efectivo del proyecto para lucrarse en la fase de construcción"; y los inmobiliarios, donde los beneficios se obtienen porque se adquieren suelos rústicos a precios muy bajos que tras ser recalificados se venden a un precio mucho más alto. En ambos casos, las administraciones públicas juegan un papel clave, pues no sólo son las que otorgan las concesiones y aprueban las recalificaciones (primer paso para que estos megaproyectos se lleven a cabo), sino que a menudo también asumen parte de su financiación.
Para justificar estos megaproyectos ante la opinión pública se realiza una gran inversión en publicidad (directa e indirecta) que sirve tanto para contribuir a sobredimensionar el interés general de los mismos ("aunque, en realidad, estos megaproyectos sólo benefician a quienes los promueven y/o a quienes, con sus decisiones u omisiones, los permiten") como para encubrir sus posibles "efectos secundarios" (los daños sociales, patrimoniales y ecológicos que generan). Por ello, Naredo cree que en la lucha contra estos megaproyectos lo primero que debe hacerse es explicar claramente cuáles son sus "efectos secundarios" y qué intereses hay detrás de ellos. "Sólo así", subrayó, "se puede propiciar una movilización ciudadana que haga que los políticos implicados sientan que peligra su respaldo electoral. Pues ese, hoy por hoy y al menos en España, es el único modo efectivo de presionarles".
A juicio de José Manuel Naredo es necesario ser conscientes de que el poder político tiene mucha más influencia en la economía de lo que se suele pensar. De él depende, por ejemplo, que se siga un modelo inmobiliario fuertemente regulado como el que hay en Alemania o Suiza, donde se promueva el alquiler y la vivienda social, de modo que resulta rentable conservar el patrimonio construido y se evita que se especule con el suelo. O un modelo como el español que fomenta la vivienda libre y en propiedad, de modo que resulta mucho más rentable la construcción de inmuebles nuevos que la conservación de los ya existentes, favoreciendo que se especule con el suelo. Hay que tener en cuenta que España se ha convertido en el país de Europa con mayor porcentaje de consumo de cemento por habitante. De hecho, como ya explicó Ramón Fernández Durán en su intervención en Sobre capital y territorio I, entre 2003 y 2005, los años centrales del boom inmobiliario, el número de viviendas que se construyeron en nuestro país superó la suma de todas las que se realizaron en el mismo periodo de tiempo en Reino Unido, Alemania y Francia (que tienen una renta per cápita superior y cuya población cuadruplica la española).
En cierta medida, este modelo inmobiliario tiene su origen en el franquismo, un periodo en el que ya se trazó un plan para fomentar la adquisición de viviendas con el que, en palabras de Naredo, se trataba de "domesticar y controlar" a la población. Pero ha sido en los últimos años cuando, por diversas razones -una coyuntura económica favorable, un marco legislativo muy permisivo en materia urbanística (sobre todo a partir de la llamada "Ley de Álvarez Cascos")...-, este modelo ha alcanzado su máximo desarrollo, propiciando que España sea uno de los países más afectados por la actual crisis financiera internacional. Las consecuencias sobre el territorio son evidentes, como muestra una tesis que se presentó recientemente en la Escuela de Arquitectura de Madrid en la que se señala que en el año 2005 había 87 operaciones inmobiliarias en torno a la M-40 y M-50 (autovías de circunvalación de Madrid). Operaciones que supondrán la ocupación de más 30.000 hectáreas, la construcción de unas 570.000 viviendas y que, a precios de 2005, se estima que generarán, descontando costes de construcción y promoción, unos 200.000 millones de euros en plusvalías (es decir, 32.000 millones de euros más que el PIB de la Comunidad de Madrid de ese año).
Las plusvalías que originan éstas y otras operaciones similares quedan en manos de un reducido grupo de empresarios y constructores (muchos de ellos ligados a las antiguas oligarquías franquistas y/o a cargos políticos locales y nacionales). "Sin embargo", subrayó Naredo, "los efectos secundarios -territoriales, sociales, culturales...- de esta política urbanística y del modelo económico que lo posibilita, los vamos a sufrir (los estamos sufriendo) todos". Uno de esos efectos es la conurbación difusa que, a juicio del autor de La economía en evolución, tiene muchas semejanzas con el melanoma: crecimiento rápido e incontrolado, aparición de metástasis en diferentes lugares (en este caso las infraestructuras viarias son los "canales linfáticos" por los que se propaga la "enfermedad"), indiferenciación de las células malignas de las demás (pues propicia una homogeneización arquitectónica y cultural), destrucción de tejidos adyacentes (lo urbano engulle a lo rural)...
Con este modelo también se propicia que el grueso de la inversión sea especulativa y que aumenten exponencialmente las actividades financieras de las empresas no-financieras e incluso las actividades financieras de los propios ciudadanos (que, al menos en los países occidentales, tienden cada vez más a organizar su vida de acuerdo a una estricta lógica financiera). A su vez, este modelo provoca la gestación de continuas "burbujas" que cuando estallan generan crisis económicas de gran calado que acarrean una polarización social y que pueden conducir a un empobrecimiento generalizado de la población y a la bancarrota del Estado (como le ha sucedido a Islandia, un país que desde octubre del año pasado -cuando colapsó su sistema bancario y se desplomó su moneda- está al borde de la quiebra).
A juicio de José Manuel Naredo todo esto está dado lugar a profundas "mutaciones socioeconómicas" que el enfoque económico dominante trata de invisibilizar. Por ejemplo, hay un desplazamiento del poder hacia el ámbito económico-empresarial hasta el punto de que, en la actualidad, determinadas empresas pueden llegar a forzar recalificaciones de suelo o la privatización de ciertos servicios públicos. De hecho Naredo cree que se está produciendo una "refundación oligárquica del poder" y que, en realidad, vivimos en una especie de régimen neo-caciquil o neo-feudal disfrazado de democracia. Un régimen en el que lo público se pone al servicio de intereses privados, como ocurre en los megaproyectos que no podrían desarrollarse sin el apoyo, directo e indirecto, del poder político. "En este contexto", subrayó el autor de Por una oposición que se oponga, "el crecimiento económico no supone ya mejoras generalizadas de la calidad de vida de los ciudadanos, sino más bien todo lo contrario, pues éstos tienen que sufragar el festín de plusvalías, comisiones, contratas y peajes que ese crecimiento origina".
Frente a este intento de refundación oligárquica del poder, José Manuel Naredo plantea la necesidad de impulsar una refundación democrática del poder que ha de basarse en la asunción de valores como la cooperación, la solidaridad o la confianza, justo lo contrario de lo que promueve el actual "caciquismo democrático" (que fomenta la competencia, el egoísmo, la avaricia...). Para llevar a cabo esta refundación no sólo hace falta un cambio institucional sino también mental, construir, en palabras de Naredo, "una filosofía común" que nos permita redefinir el sentido y el objetivo de la evolución humana y tomar conciencia de que, si se quiere evitar el colapso del planeta, es necesario apostar por la autolimitación y la autocontención. "Esta filosofía", añadió, "debe reorientar el proceso de individuación sesgada e incompleta que ha sembrado la actual civilización, paliando el divorcio entre las promesas de la utopía liberal y las crudezas de la sociedad jerárquica actual y contribuyendo a la construcción de un 'nuevo sujeto histórico' que ya no estaría definido sólo por la clase social".
En la fase final de su intervención, José Manuel Naredo aseguró que, aunque la ideología dominante intenta hacernos creer lo contrario, reconvertir el sistema es viable. "De hecho, lo realmente inviable es seguir con el actual ritmo de crecimiento que nos está conduciendo a un punto sin retorno", advirtió. Para ello habría que sustituir la fe en el progreso y en el desarrollo económico por la conciencia de la regresión y poner las actividades económicas al servicio de la convivencia y de la mejora de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos (y no al revés, como se hace ahora). Algo que sólo se puede conseguir si se desmontan ciertos "mitos" que ha instaurado el enfoque económico dominante (como la idea de que no es necesario regular el mercado porque hay una "mano invisible" que ordena las actividades económicas para que éstas contribuyan al bien común) y si se asume -tanto a nivel individual como colectivo- que debemos repensar nuestra relación con el entorno, que nuestro bienestar depende del bienestar del ecosistema en el que vivimos. Pero aparte de estos cambios estructurales de naturaleza más o menos abstracta, Naredo cree que también hay una serie de acciones concretas que se pueden desarrollar "aquí y ahora", desde hacer un uso más comedido de los recursos naturales y materiales disponibles (como plantea la economía ecológica), hasta modificar el sistema monetario internacional y las leyes fiscales.
Tras la intervención de Naredo, Manuel Delgado Cabeza, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, analizó cómo se ha concretado en Andalucía el desplazamiento de lo económico desde la producción de riquezas a la mera adquisición y apropiación de la misma en beneficio de quienes están en mejores condiciones para manejar a su favor las reglas del juego que rigen la actividad económica, explorando el papel que en este proceso ha desempeñado el poder político local. Para ello tomó como referencia dos de los pilares del patrimonio empresarial de esta región: el sector agroalimentario, que siempre ha ocupado un lugar central en la economía andaluza ("lo que demuestra el carácter primario de ésta", subrayó Delgado) y el negocio inmobiliario, que en las últimas décadas ha sido una de sus principales fuentes de ingresos.
Según datos de 2007, hay quince empresas que acaparan casi la mitad del valor añadido que genera el sector agroalimentario andaluz. Y de estas quince, tres de ellas -Heineken España, Rendelsur y Puleva Food- atesoran más del 40% de ese valor, algo que no han conseguido por sus actividades productivas, sino porque son empresas que, en palabras de Manuel Delgado, "tienen una gran capacidad de apropiarse de activos patrimoniales y/o de ponerlos al servicio de sus estrategias financieras de creación y apropiación de valor". El caso de Heineken, que lidera este ranking (de hecho, posee el 25,2% de ese valor añadido, el doble que la segunda empresa de la lista, Rendelsur), refleja muy bien esto, al tiempo que demuestra que en la actualidad el comportamiento de la economía es a menudo muy diferente al que se supone que debería tener.
En 1999, esta compañía compró el Grupo Cruzcampo (que ocho años antes había sido adquirido por otra multinacional cervecera: Guinnes Brewing Wolldwide) por 108.000 millones de pesetas (unos 650 millones de euros) a través de una ampliación de acciones1. Es la mayor inversión que una corporación privada ha hecho hasta la fecha en Andalucía. Pero esta inversión, en vez de propiciar una mejora de la economía local (como el enfoque económico dominante prevé que propiciaría), lo que ha implicado es el cierre de muchas empresas auxiliares (pues se globaliza la compra de inputs) y la destrucción de numerosos puestos de trabajo (pues Heineken realizó una re-estructuración que incluso dio lugar al cierre de algunas plantas secundarias). Es decir, ha sido una inversión que no sólo no ha producido riquezas, sino que además ha generado destrucción del tejido empresarial local.
Sin embargo para Heineken sí ha resultado sumamente beneficiosa. Por un lado, le ha posibilitado afianzar su liderazgo en el mercado europeo, apropiándose de marcas claramente establecidas en mercados regionales y de una red de distribución que le ayuda a introducir otras marcas de su propiedad en dichos mercados. Por otro lado, le ha permitido llevar a cabo una operación especulativa que le ha reportado 300 millones de euros (es decir, casi la mitad de lo que había invertido), ya que consiguió que se recalificaran los terrenos que ocupaba la fábrica de Cruzcampo en Sevilla con la amenaza velada de que si no se hacía, cerraba la planta y abandonaba la ciudad.
Para justificar esta recalificación, el ayuntamiento dijo que con ella no sólo se evitaba que Heineken se fuera de Sevilla (ahora su factoría se encuentra en las afueras de la capital hispalense, en unos terrenos situados entre el barrio de Torreblanca y la prisión Sevilla II), sino que además se contribuía a "revalorizar" un espacio de la ciudad que se encuentra relativamente cerca del casco histórico y en el que, por tanto, resulta más "productivo" el uso residencial que el industrial2. Esa revalorización se quiere conseguir mediante un ambicioso proyecto de remodelación urbanística de la zona que se articulará en torno a la construcción de 2.000 viviendas (la mayoría de ellas de alto standing, aunque se reservan algunas para VPO), un hotel de lujo y, para que no se olvide aquello que se destruye, un museo de la cerveza. Remodelación en la que participarán algunos de los máximos representantes del star system de la arquitectura global: Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra, firmas habituales en megaproyectos en los que la arquitectura se pone al servicio del poder económico y de los movimientos especulativos de capitales.
Al igual que Cruzcampo, en las dos últimas décadas numerosas empresas andaluzas del sector agroalimentario han sido adquiridas por corporaciones multinacionales3, como por ejemplo Larios, compañía y marca de ginebra malagueña que en 1989 fue comprada por el grupo Pernod Ricard que controla más de medio centenar de marcas de bebidas espirituosas. Este grupo primero trasladó la producción de Larios a la localidad de Manzanares, pues le resultaba más ventajoso desde un punto de vista logístico, y después decidió deshacerse de esta marca de ginebra porque había adquirido la marca global Beefeater y no podía quedarse con las dos (y escogió la que mayor valor añadido le proporcionaba).
A juicio de Manuel Delgado, Pernod Ricard -que como otras megacorporaciones transnacionales genera dinero "gobernando, controlando y gestionando una cadena de mercancías y/o servicios, pero sin hacerse cargo de sus eslabones"- es un ejemplo paradigmático de cómo el capital global está intentando liberarse de las limitaciones que impone el mundo real -es decir, la fabricación, la producción propiamente dicha- al crecimiento y la acumulación a través de la creación y utilización de marcas (que no se identifican con objetos materiales sino con necesidades culturalmente construidas y a partir de las cuales se puede "sin fabricar absolutamente nada, venderlo prácticamente todo"). De hecho, a día de hoy, las grandes multinacionales dedican la mayor parte de su presupuesto a la gestión de su capital simbólico, dejando un porcentaje (casi) residual a las actividades productivas, por lo que tienen que buscar a lo largo y ancho del planeta fábricas y subcontratistas que las hagan al menor coste posible (con todo lo que eso conlleva). "Esta es otras de las formas", subrayó Delgado, "en las que se concreta el desplazamiento desde la producción de riqueza hacia la mera adquisición y apropiación de la misma, otro de los mecanismos de enajenación y desposesión de lo local desde lo global".
En los últimos años, el sector de la construcción ha sido el motor del crecimiento económico de Andalucía, donde se ha vivido con especial intensidad el boom inmobiliario. Hay que tener en cuenta que en 2008, sumando sus efectos directos e indirectos, la construcción representó casi el 30% del Producto Interior Bruto de esta comunidad, un porcentaje que subiría aún más (hasta alcanzar casi el 40%) si añadiéramos el llamado "efecto riqueza", esto es, la incidencia sobre el consumo que tienen las plusvalías que genera el negocio inmobiliario. "Estos datos nos muestran", advirtió Manuel Delgado, "que en Andalucía la construcción se ha convertido en una especie de 'monocultivo', algo que es muy peligroso pues nos hace muy dependientes de este sector".
En opinión de Manuel Delgado, el negocio inmobiliario es uno de los ejemplos más claros de que en la actualidad el proceso económico es, ante todo, "un proceso de creación y apropiación de valor monetario y no de producción de riquezas". Las plusvalías que genera, como ya comentó José Manuel Naredo, quedan en manos de un reducido grupo de empresarios (que además con ellas van ampliando su capacidad de influir en la configuración de las "reglas del juego"), pero sus efectos negativos, desde la destrucción de territorio a la homogeneización cultural y social, los sufrimos todos. En este sentido, Delgado considera que el negocio inmobiliario pone en entredicho el "mito" capitalista de que la economía tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la población. "Su objetivo real, como comprobamos día a día", subrayó, "es que unos pocos privilegiados acumulen capital para poder seguir acumulando capital. Y para alcanzar ese objetivo cuenta con la colaboración, explícita e implícita, del poder político".
Y en relación al sector de la construcción, ¿quiénes son en Andalucía esos "pocos privilegiados"?, ¿quiénes son "los amos del negocio inmobiliario"? Según Manuel Delgado son grupos empresariales medianos y pequeños que, por lo general, disponen de un entramado de subempresas para abarcar los diferentes eslabones de la cadena del negocio inmobiliario4. Detrás de estos grupos hay familias que llevan varias generaciones dedicadas al negocio de la construcción (como la familia Sánchez Domínguez [Sando] o la familia Romero González [Prasa]), pero también empresarios que proceden de otros sectores, en muchos casos del agroalimentario (como Nicolás Osuna García [Osuna], propietario de miles de hectáreas de olivar y uno de los mayores beneficiarios de las ayudas de la Unión Europea a la agricultura o José Ávila Rojas [Ávila Rojas], terrateniente granadino que en los años ochenta apostó por el negocio del ladrillo y que fue uno de los constructores detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya), así como algunos "advenedizos", personajes que de la nada han creado auténticos emporios inmobiliarios (como el cordobés Rafael Gómez Sánchez -más conocido como Sandokan- o Luis Portillo que en apenas dieciséis años pasó de ser gerente de una modesta constructora de Dos Hermanas [Sevilla] a controlar el 41% del accionariado de Colonial, una de las principales inmobiliarias de España).
En gran medida estas empresas han financiado sus operaciones con créditos que les han concedido las cajas de ahorros que, según Manuel Delgado, han jugado un papel clave en la expansión que ha experimentado el negocio inmobiliario en Andalucía. "Hay que tener en cuenta", precisó, "que estas entidades no sólo han prestado mucho dinero a promotoras y constructoras, sino que también han creado una serie de sociedades para participar directamente en este negocio". De hecho, las cajas de ahorros -en las que, no lo olvidemos, hay una fuerte presencia del poder político (pues sus órganos de gobierno son elegidos por los poderes públicos correspondientes a su domicilio social)- están detrás de algunas de las operaciones urbanísticas más polémicas que se han llevado a cabo en los últimos años en la comunidad andaluza.
Por ejemplo, las cajas sevillanas de San Fernando y El Monte han tenido un papel central en el proceso de especulación que se ha desarrollado en torno a la llamada Dehesa de Tablada, unos terrenos que hay al suroeste del término municipal de Sevilla que estas entidades compraron al Ejército en 1997 por 48 millones de euros y que cinco años después vendieron por 78 millones de euros (es decir, por 30 millones de euros más) a un holding empresarial que pretende construir en ellos más de 15.000 viviendas.
A su vez, la entidad resultante de la fusión de estas dos cajas, Cajasol, quiere construir un rascacielos, conocido como Torre Cajasol o Torre Pelli, de 178 metros de altura (80 metros más que la Giralda) muy cerca del casco antiguo de Sevilla. Este proyecto está generando una fuerte contestación social e incluso un organismo que asesora a la UNESCO en materia de patrimonio histórico, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, en sus siglas en inglés) ha elaborado un informe en el que se señala que la construcción de esta torre amenaza los valores patrimoniales y paisajísticos del centro histórico de Sevilla y que si finalmente se realiza, recomendará la inclusión de la capital hispalense en la lista de ciudades con patrimonio en peligro. "Pero a pesar de todo esto", subrayó Manuel Delgado en la fase final de su intervención, "el poder político sigue apoyando este megaproyecto (de hecho, el Ayuntamiento de Sevilla ha declarado públicamente su intención de trasladar a esta torre la Gerencia de Urbanismo) con el que una vez más se nos dice que entraremos en la modernidad, es decir, se nos promete el futuro para escamotearnos el presente".
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1.- "Es decir", escribe Manuel Delgado en su artículo "Transformaciones del poder económico en Andalucía. Reacomodo de las viejas oligarquías y los nuevos poderes transnacionales", incluido en el libro Economía, poder y megaproyectos (del que son editores José Manuel Naredo y Federico Aguilera), "a través de la creación de dinero financiero, mecanismo que permite a las empresas expandir su área de influencia y de poder, proporcionándoles una gran capacidad de compra sobre el mundo y que a su vez las sitúa en una posición privilegiada para alterar o elaborar las reglas del juego del sistema a su favor". [^]
2.- Si con este cambio de calificación del suelo se gana "productividad" es porque, en palabras de Manuel Delgado, "existe un desplazamiento de lo económico desde la idea de producción vinculada a la elaboración de mercancías a una consideración de lo productivo como mera apropiación de riqueza monetaria generada a partir de la revalorización de activos patrimoniales". [^]
3.- También ha habido algunas empresas andaluzas de este sector que han puesto en marcha diversas estrategias de expansión global, como las bodegueras González Byass y Osborne. Según Manuel Delgado, en esta expansión, que le has llevado a deslocalizar parte de su actividad productiva y a realizar importantes inversiones en activos patrimoniales, han concebido la gestión de marcas como un elemento estratégico prioritario. [^]
4.- Esto les diferencia de las principales constructoras nacionales que al tener mayor capacidad para apropiarse del valor generado por otros, utilizan con más frecuencia la subcontrata y la externalización de tareas y servicios. [^]