El ciclo de conferencias y debates de Umbrales se inició con la intervención de Mª Isabel Mora Grande y Jana Vidal Reigada, integrantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA, una organización fundada en 1991 que reivindica la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como "instrumento de transformación de conciencias y de la propia sociedad". La APDHA no quiere limitarse a una defensa abstracta de los derechos humanos y por ello su labor de denuncia y sensibilización se centra en los sectores más desfavorecidos de la sociedad que son los que padecen en mayor grado una vulneración de sus derechos fundamentales. En este sentido, una de sus áreas de trabajo son las cárceles (las otras son marginación, inmigración, solidaridad y relaciones internacionales, prostitución y educación), donde frecuentemente se dan casos de violación de los derechos humanos (hacinamiento, malos tratos, desatención sanitaria...) que, por lo general, quedan invisibilizados. La APDHA trabaja tanto con los propios reclusos, a los que ofrecen asesoría jurídica para que conozcan cuáles son sus derechos, como con sus familiares y amigos, con quienes organizan asambleas periódicas que funcionan como espacios de encuentro, formación, reivindicación y autoayuda.

A la hora de desarrollar su labor en defensa de los derechos de las personas presas, esta organización se encuentra con una dificultad añadida: existen una serie de “falsos mitos” en torno a las prisiones que están muy arraigados en la opinión pública española y que hacen que la sociedad tenga una visión muy distorsionada de lo que ocurre dentro de ellas. Se piensa, por ejemplo, que en España casi nadie entra en la cárcel y que cuando lo hace, sale rápidamente fuera. "Pero la realidad es bien distinta", aseguró Mª Isabel Mora, "pues a pesar de ser uno de los países de Europa con menor índice de criminalidad (apenas llega al 47,5 por cada mil habitantes, cuando la media europea está en torno al 70), tenemos una de las mayores tasas de encarcelamiento de todo el continente (de los países de nuestro entorno sólo nos supera Reino Unido)". Y aunque se ha extendido la idea de que casi ningún preso cumple íntegramente la pena que en principio se le aplica, sólo un 23% de los reclusos termina beneficiándose de permisos penitenciarios, libertad condicional y/o reducciones de condena. Además, hay personas que viven una cadena perpetua encubierta, pues al tener que cumplir condenas por diferentes delitos, se pasan prácticamente toda su vida en prisión.

Por otro lado, se suele ver al preso como alguien muy peligroso, cuando en la mayor parte de los casos (en torno al 75%) son personas que sólo han cometido delitos contra la propiedad (robos) o contra la salud (tráfico de droga) porque de ellos dependen para subsistir¹. Hay que tener en cuenta que las personas condenadas por delitos contra la vida y la libertad sexual, que son los que más alarma social generan, apenas representan el 5% de la población reclusa.

Otra idea muy extendida es la de que en España las cárceles son como hoteles donde los presos viven muy bien. Algo completamente absurdo, según Mª Isabel Mora, que recordó que las prisiones españolas, y de forma muy especial las andaluzas, están masificadas. Si en Europa, la tasa de ocupación es del 105%, en Andalucía ronda el 170%, y en algunos casos, por ejemplo, en el Centro Penitenciario Puerto II (Cádiz), alcanza el 230%. "Y difícilmente se puede vivir bien en un sitio en el que no se cabe", subrayó.

A esto hay que añadir el hecho de que muchas de las personas recluidas en las prisiones andaluzas están enfermas. El 10% tiene SIDA (de los que el 90% tiene también hepatitis C y el 4% hepatitis B) y más del 40% sufre problemas mentales (de ellos, al menos un 8% graves). Incluso hay un porcentaje bastante considerable (en torno al 5%) que padece tuberculosis, una enfermedad prácticamente erradicada (en Andalucía, a día de hoy, fuera del ámbito penitenciario, se detectan menos de 15 casos por cada 100.000 habitantes al año). Mención aparte merece el tema de la drogodependencia. Se calcula que más del 70% de los presos son drogodependientes y que la mayoría de éstos están en la cárcel por delitos cometidos por sus problemas de adicción a las drogas. Sin embargo, sólo el 40% recibe algún tipo de tratamiento (un tratamiento que, por lo general, es exclusivamente de tipo farmacológico).

Otro dato significativo. En las prisiones andaluzas sólo hay un médico por cada 162 reclusos y un enfermero por cada 127. Sin embargo, existe un funcionario de seguridad por cada cinco presos. A juicio de la APDHA este contraste refleja que, aunque oficialmente se proclame que el sistema penitenciario está orientado a propiciar la reinserción y rehabilitación, en la práctica las cárceles funcionan como meros contenedores en los que se retiene y custodia a las personas que cometen delitos, sin que importe demasiado lo que les ocurra dentro. De hecho, las tasas de reincidencia son muy altas. En Andalucía, por ejemplo, están en torno al 60% y hay prisiones como las de Huelva o el Puerto II en las que superan el 80%.

La denuncia de los problemas sanitarios en las prisiones andaluzas ha sido uno de los ejes prioritarios del área de cárceles de la APDHA que considera que en nuestra comunidad se está vulnerando de manera flagrante y sistemática el derecho de los presos a recibir, como los demás ciudadanos, una atención sanitaria integral². Hay que tener en cuenta que la Ley General Penitenciaria establece que en cada prisión debe haber, al menos, un odontólogo, un oftalmólogo y un psiquiatra (aunque se tiene que intentar que haya profesionales de todas las especialidades más comunes), y que en los casos en los que los reclusos no puedan ser atendidos debidamente por los servicios médicos internos, se garantizará su tratamiento fuera del centro penitenciario.

Sin embargo, nada de esto se cumple. En las prisiones andaluzas, la atención sanitaria está en manos de médicos de atención primaria que pertenecen al Ministerio de Interior, con todo lo que eso implica³. Los pocos médicos especialistas que trabajan en ellas se ven desbordados: deben atender a muchas personas en muy poco tiempo y casi siempre se limitan a prescribir medicamentos. A esto hay que añadir que los reclusos que necesitan ser tratados fuera de prisión pierden con mucha frecuencia sus citas, en la mayor parte de los casos por dejadez de los funcionarios. "Esto es algo indignante que llevamos denunciando desde hace más de diez años", señaló Mª Isabel Mora. En este tiempo se han llegado a encontrar algunos casos realmente chocantes, como el de un preso con cirrosis hepática y una enfermedad mental grave que perdió catorce citas en un año.

El problema, según Mora, no es sólo que se vulnere de manera sistemática y flagrante el derecho de las personas presas a recibir una atención sanitaria integral, sino que además, por mucho que se diga lo contrario, no hay intención real de cambiar la situación. "De hecho", aseguró, "tanto la Junta de Andalucía como Instituciones Penitenciarias, han ignorado las numerosas denuncias (muchas de las cuales han sido avaladas por resoluciones judiciales) que la APDHA y otras entidades han interpuesto por este tema. A los políticos no les interesa la situación de los presos, quizás porque es un asunto que no pueden rentabilizar electoralmente".

Aparte de este trabajo de denuncia y sensibilización sobre los problemas sanitarios de las prisiones de Andalucía, la APDHA ha llevado a cabo otras actuaciones, como una campaña para pedir el acercamiento de presos a centros penitenciarios próximos a su lugar de origen, o una serie de acciones contra los malos tratos y las torturas ("que son mucho más habituales de lo que se piensa", señaló Jana Vidal).

En el primer caso, lograron que numerosas instituciones y colectivos ciudadanos les dieran su apoyo. Incluso una veintena de medios locales accedieron a difundir la campaña (en cuya definición y diseño participaron directamente familiares de presos). "En realidad", aseguró Vidal, "esta campaña no pedía nada extraordinario, sólo reivindicaba la aplicación de la legalidad vigente, pues la Ley General Penitenciaria establece que hay que procurar que los presos cumplan sus condenas lo más cerca posible de su lugar de origen⁴". Sin embargo, en 2005, al menos el 15% de los reclusos andaluces estaba fuera de Andalucía⁵ y en torno al 50% en provincias que no eran las suyas. Ese alejamiento tiene graves repercusiones, tanto para ellos como para sus familiares (imposibilidad de disfrutar de permisos, desvinculación de la realidad, quebranto económico...). Además, no existe un protocolo claro sobre los traslados, lo que propicia que a menudo se haga un uso perverso de éstos (que se convierten en castigos o recompensas encubiertas). Al final, gracias a esta campaña, unos trescientos reclusos presentaron solicitudes de acercamiento y/o recursos de queja por incumplimiento de este derecho.

En relación al tema de la tortura, la APDHA realiza una intensa labor de difusión y denuncia, en conexión con la Coordinadora de prevención contra la Tortura a la que pertenece, proporcionando también asesoría legal a las personas que se lo solicitan. A juicio de esta organización, en España, la tortura no es excepcional. Lo excepcional es su revelación. En el último informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura⁶ se asegura que en 2008, un mínimo de 579 personas sufrieron agresiones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad o de funcionarios de prisiones, siendo Andalucía la segunda comunidad en la que más casos se documentaron. "Y esto es sólo una cifra orientativa", precisó Jana Vidal, "pues hay muchas víctimas de tortura que no se atreven a denunciar, tanto por falta de pruebas (no hay testigos y, a menudo, no dejan huellas visibles) como por temor a represalias o desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones". De hecho, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en los últimos años ha aumentado significativamente el número de víctimas que decide no denunciar. Antes, esta decisión era habitual entre "inmigrantes sin papeles, personas presas y miembros de la etnia gitana". Ahora también entre activistas políticos que han sido agredidos tras participar en alguna manifestación o acto reivindicativo.

En este sentido, Jana Vidal recordó que, debido a lo que hacen, los defensores de los derechos humanos sufren con frecuencia ataques por parte del poder y ven como éste recurre a distintas maniobras para intentar deslegitimar y criminalizar su actividad⁷. Un ejemplo ilustrativo de esto es lo que le ha sucedido a Juana Orta, una veterana activista onubense ligada a la APDHA que el 13 de junio de 2009 fue detenida por supuesta colaboración con banda armada. Su delito: alojar en su casa a la compañera sentimental de un miembro de ETA que está cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Huelva y que, al parecer, estaba planeando fugarse de la cárcel. "Pero si Juana acogió a esta mujer", explicó Vidal, "fue por la misma razón por la que ha hospedado a otros muchos familiares de presos, sin importarle el delito que éstos hayan cometido, porque su casa siempre ha estado abierta a aquellos que la necesitan". Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, Juana Orta quedó en libertad sin cargos. Sin embargo, en la página web del Ministerio del Interior sigue colgada una nota de prensa en la que se le identifica como "componente de la estructura creada por ETA para el apoyo a la ejecución de la fuga".

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1.- En este sentido, un dato que no se debe olvidar es que la mayor parte de las personas que acaban en prisión pertenecen a colectivos desfavorecidos. Más del 60% de los presos son analfabetos funcionales y casi una cuarta parte de ellos estuvieron en reformatorios y centros de menores durante su infancia y/o adolescencia. Además, muchos nunca han trabajado y si lo han hecho ha sido de forma esporádica y precaria.  [^]
2.- Uno de los colectivos más afectados por esta falta de atención sanitaria integral es el de los enfermos mentales recluidos en prisiones ordinarias (que son la mayoría, pues en Andalucía sólo hay un centro psiquiátrico penitenciario que apenas alberga a unas 180 personas). La APDHA ha realizado un informe sobre la situación específica de estos reclusos, así como un estudio más genérico en torno a la situación de la sanidad en las prisiones.  [^]
3.- Mª Isabel Mora contó que numerosos presos les han asegurado que tras confesar a los médicos de sus prisiones que están consumiendo drogas, han empezado a sufrir continuos cacheos. Es decir, estos médicos han violado el principio de confidencialidad, anteponiendo sus obligaciones como funcionarios de seguridad a sus deberes como profesionales de la medicina.  [^]
4.- Según el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/79, General Penitenciaria, “la ubicación de los establecimientos será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”.  [^]
5.- En noviembre de 2005, Instituciones Penitenciarias reconoció que un 15,5% de los presos andaluces cumplían condena fuera de su comunidad, por lo que se mantienen invariables los datos que está asociación venía manejando de que el 50% de los presos están fuera de su provincia de origen.  [^]
6.- Ver el informe completo en: http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2010/01/Resumen-2008.pdf.  [^]
7.- Información tomada del Informe de la Coordinadora de Prevención contra la Tortura Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de los organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en el estado español, Abril 2008. Ver: http://www.nodo50.org/tortura/varios/DESCALIFICACION.pdf.  [^]