La Causa General, un gran proceso judicial abierto por los vencedores de la guerra civil para informar "de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio hasta la liberación", comenzó oficialmente en Abril de 1942, como una iniciativa del Ministerio de Justicia del gobierno español promovida directamente por Franco. La Causa General se dividía en once apartados que en los lugares donde triunfó el golpe militar se redujeron a dos: Alzamiento (con el que se quería contabilizar el número de muertos causados por el "terror rojo") y Tesoro artístico (en el que se incluían todos los daños derivados de los ataques a iglesias y conventos). "Sin embargo, aseguró Francisco Espinosa en su intervención en el Laboratorio Blanco del proyecto F.X. Sobre el fin del arte, el proceso no se limitó a los hechos posteriores al 18 de julio del 36, sino que abarcó un periodo mucho más amplio, remontándose a octubre de 1934, incluso a abril de 1931 con la proclamación de la II República".

En 1945 se presentó la última y más extensa publicación derivada de la Causa General, que bajo el título Datos complementarios para la Historia de España. Guerra de Liberación 1936-1939 mostraba profusamente fotografías de personas asesinadas en Madrid a lo largo de 1936. De todos esos asesinatos se culpaba al gobierno de la República. Pero Francisco Espinosa, autor del libro La guerra civil en Huelva, recordó que fueron "las mismas autoridades republicanas las que ordenaron realizar esas fotografías, lo que demuestra que no tenían relación con esos crímenes".

Después de este informe se paralizaron las diligencias porque según el historiador Francisco Espinosa el régimen franquista descubrió que no cuadraban sus cálculos. La Causa General cifró en más de 80.000 las víctimas del "terror rojo", y aunque esos datos estaban inflados (en estudios recientes se reducen a unos 50.000) no se acercaba al número de muertos que en sus primeras estimaciones había difundido la propaganda franquista (600.000 en 1937 y 470.000 en 1938). En la mayoría de los pueblos se detuvo a la gente de derecha, se confiscaron los alimentos, se atacó el patrimonio eclesiástico e incluso se llevaron a cabo expropiaciones de fincas y casinos, pero los casos de violencia contra personas fueron insignificantes. "Sobre todo en proporción a la represión fascista", subrayó Francisco Espinosa. Por ejemplo, en toda Andalucía occidental y el sur de Extremadura la acción de los leales a la República no superó las mil víctimas mientras las tropas nacionales causaron más de 25.000.

El origen de la Causa General como proceso legitimador del régimen fascista de Franco es muy anterior a 1942. Como recordó Francisco Espinosa todo comenzó el 14 de agosto de 1936 cuando una columna militar que había salido de Sevilla perpetró una matanza indiscriminada en Badajoz de la que fueron testigos varios periodistas de Portugal, Francia y EE.UU. Tomaron fotos del suceso y la opinión pública internacional se estremeció. Pero el bando franquista reaccionó rápido y puso en acción todo su arsenal propagandístico para, en primer lugar desacreditar a los periodistas implicados, y después imponer una férrea censura informativa que impidiera que ese tipo de noticias volviera a difundirse. En este sentido se promulgaron dos bandos que exigían, entre otras cosas, disponer de una autorización militar para poder usar máquinas fotográficas y la obligación de enviar una copia de todas las imágenes que se tomaran al mando de la II División.

Con el propósito de legitimar al movimiento Nacional tras la matanza de Badajoz, Luis Bollín, un periodista monárquico (corresponsal de ABC en Londres) que trabajaba a las ordenes de los servicios de propaganda franquista, ideó la elaboración de unos informes para documentar "los asesinatos, violaciones, incendios y demás depravaciones y violencias cometidas por las hordas marxistas". Finalmente se llevaron a cabo dos - uno sobre Sevilla, Córdoba Huelva y Granada, y otro dedicado exclusivamente a Badajoz - que fueron traducidos a numerosos idiomas pero que, según Francisco Espinosa, no lograban contrarrestar los datos que evidenciaban la acusada diferencia proporcional entre las víctimas de la represión fascista y las causadas por el bando republicano. "¿Qué podían representar 40 ó 100 víctimas frente a los ocho mil desaparecidos en una provincia como Huelva?", se preguntó Francisco Espinosa.

Ante la disparidad en el número de víctimas, desde muy pronto la propagada Nacional comenzó a evitar dar cifras concretas de muertes para centrarse más en otros "efectos del terror rojo", como los destrozos de Iglesias. Le interesaba eludir el número de muertos reales y a cambio crear leyendas sobre la ferocidad de las hordas marxistas que, según ellos, se reflejaba en el estado ruinoso en el que habían quedado las Iglesias.

"De esta forma, explicó Francisco Espinosa, las imágenes de templos ruinosos, hierros retorcidos, santos descabezados, y vírgenes cuarteadas pasaron a ocupar el lugar de los mártires de carne y hueso que nunca existieron". Los que estuvieron implicados en este tipo de actos, en la mayoría de los casos gente procedente de ambientes marginales (y casi nunca dirigentes de la República), fueron tratados como criminales, incluso quienes sólo habían cometidos acciones iconoclastas no violentas como vestirse con ropajes de sacerdote. Además la propaganda hizo creer que no hicieron a las personas lo que le habían hecho a las imágenes por falta de tiempo. Francisco Espinosa aseguró que los curas, que desde la proclamación de la República estaban resentidos porque se sentían cada vez más alejados de los centros de decisión social, desempeñaron un papel crucial (muchas veces como delatores) en la demonización de las acciones de los izquierdistas.

Un sevillano llamado Antonio Bahamonde Sánchez de Castro publicó un libro titulado Un año con Queipo en el que desenmascaraba las técnicas de manipulación (algunas tan burdas como poner un pie de foto falso) utilizadas por la propaganda de los Nacionales para criminalizar a los "rojos". Para Francisco Espinosa, coautor del libro Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la Dictadura de Franco, algunos de los efectos de esta manipulación permanecen vigentes en la actualidad. "Por ejemplo, indicó Espinosa, se sigue hablando de alzamiento cuando en realidad fue un golpe de Estado, se sigue presentando a los muertos de derecha como asesinados y a los de izquierda como fusilados..., incluso la expresión Guerra Civil encubre de algún modo lo que realmente ocurrió: una rebelión militar contra un gobierno legítimo cuyos partidarios en muchas zonas ni siquiera tuvieron posibilidad de defenderse".

La propaganda franquista ha quedado grabada en el imaginario colectivo de los españoles a través de textos e imágenes que han mantenido y ampliado una versión tendenciosa ("descarada" en palabras de Espinosa) de la historia. Se han olvidado los muertos del fascismo, muchos de ellos enterrados en fosas colectivas que permanecen sin remover, mientras en casi todos los pueblos, se han podido ver durante décadas la lista de los supuestos caídos por el bando Nacional.

"Sus mentiras, subrayó Francisco Espinosa, se han convertido en memoria histórica". Por eso cree necesario apoyar y destacar la labor de gente que ha luchado y lucha para consolidar una "memoria histórica de la izquierda". Personajes casi anónimos como el citado Antonio Bahamonde o Arturo Carrasco, un funcionario de los Juzgados de Valverde del Camino (Huelva) que impidió que desapareciera la documentación oficial de los años de la Guerra Civil (que incluía los procesos por iconoclastia), al ocultarlos y conservarlos personalmente.