La reacción anticlerical iconoclasta en Granada desde la proclamación de la II República a los primeros años de la Guerra Civil debe entenderse como la manifestación de una conflictividad social. En su intervención en el ciclo de conferencias Granada: corpus iconoclasta del Laboratorio Rojo de F.X. Sobre el fin del arte, Juan Manuel Barrios Rozúa aseguró que la destrucción de las iglesias y de las imágenes religiosas que se llevaron a cabo durante la década de los 30 en Granada y otras ciudades españolas tenía un claro trasfondo político. Los símbolos eclesiásticos se identificaban con las fuerzas conservadoras que mantenían una alianza tácita con la Iglesia para impedir la consolidación de un estado laico y el crecimiento del movimiento obrero. "Además, señaló Barrios Rozúa, en el caso concreto de Granada la destrucción de buena parte de su patrimonio histórico durante el siglo XX no sólo es atribuible a la reacción anticlerical, sino también al proceso de desamortización eclesiástica y al abandono público".

En cualquier caso, la historiografía sobre la iconoclastia anticlerical en España siempre ha estado en manos de investigadores cercanos a la Iglesia Católica (muchos de ellos sacerdotes), y con bastante frecuencia el tema ha sido abordado desde un enfoque puramente propagandístico, como los trabajos que realizaron algunos militares franquistas durante los primeros años de la posguerra. "Por el contrario, se lamentó Barrios Rozúa, los historiadores del movimiento obrero han eludido el tema con el argumento de que la violencia anticlerical supuso una desviación de los principios revolucionarios, sin intentar profundizar en las causas simbólicas y políticas que la motivaron".

Pero el anticlericalismo no surge en los años que precedieron a la guerra civil, es un elemento clave en la historia de España. Durante la Revolución liberal de 1835, y en general en toda la primera mitad del siglo XIX, existía una conciencia anticlerical en España que abogaba por la separación total entre Iglesia y Estado. Se trataba de un anticlericalismo ilustrado, promovido por gente que en la mayor parte de los casos se seguía considerando católica y cuyo principal objetivo era la consolidación de una sociedad civil y de un estado laico. El anticlericalismo fue cobrando cada vez más importancia, llegando a un primer punto de inflexión durante el sexenio revolucionario (1868-1874) con la entrada en el escenario político del incipiente movimiento obrero.

En la Restauración, la Iglesia, que ya se había convertido en una firme aliada de la burguesía más conservadora, quiso eliminar toda manifestación de oposición a su poder. "Pero no pudo evitar, precisó Juan Manuel Barrios Rozúa, que el sentimiento anticlerical creciera entre las clases populares y los sectores sociales liberales". Todo ello coincidiendo con un periodo histórico muy conflictivo, en el que la pérdida de las colonias provocó muchas tensiones internas e hizo que miles de sacerdotes tuvieran que regresar precipitadamente a la "Madre Patria".

Durante los primeros años del siglo XX, la situación se radicalizó con importantes explosiones de violencia anticlerical a partir de 1901 que culminaron con la Semana Trágica de Barcelona (1909). "No podemos olvidar, subrayó Barrios Rozúa, que los cauces legales para establecer una sociedad laica estaban completamente bloqueados y que la vinculación de la Iglesia con las fuerzas conservadoras era cada vez más evidente". Con la dictadura de Primo de Rivera, se intentó de nuevo ahogar cualquier manifestación anticlerical y la Iglesia acaparó aún más cuota de poder, aumentando su influencia en ámbitos que habían logrado una cierta autonomía como el universitario (con la potestad de boicotear a profesores). Para la autoridad eclesiástica, España era un país católico y la Iglesia tenía el derecho (y el deber) de controlar la vida moral de todos sus habitantes.

Pero en realidad, la sociedad española estaba cada vez más alejada de los principios cristianos y desde luego confiaba muy poco en la jerarquía eclesiástica. "No le faltaba razón a Azaña, señaló Barrios Rozúa, cuando declaró que España ya no era católica". Un estudio realizado en aquella época por un Jesuita calculaba que menos del 10% de la población acudía regularmente a misa. Un dato corroborado por los informes que los párrocos enviaban a sus superiores, donde mostraban su impotencia ante una sociedad cada vez más indiferente (cuando no directamente hostil) a los preceptos católicos. "Pero la Iglesia, afirmó Barrios Rozúa, no se planteó en ningún momento una recristianización de la población, sino que siempre se mantuvo al lado de las clases altas".

Tras la proclamación de la II República en 1931 se tomaron una serie de medidas que intentaban limitar el poder de la Iglesia con el objetivo de instaurar definitivamente un estado laico: desde la legalización del divorcio a la supresión de la Compañía de Jesús, pasando por pequeños detalles de enorme carga simbólica como quitar los crucifijos en los colegios públicos. Algunos historiadores conservadores han justificado el levantamiento de Franco como una reacción a la aprobación y aplicación de estas medidas. Sin embargo, el autor de Reforma urbana y destrucción del patrimonio histórico en Granada considera que la legislación del gobierno republicano fue bastante moderada y se correspondía a la que había durante esos años en otros países europeos. Además la mayor parte de las medidas no se llegaron a aplicar, y la reacción contra ellas derivó con frecuencia en actos violentos, como las persecuciones a maestros que querían cumplir las directrices aprobadas por las autoridades republicanas. "De hecho, recordó Juan Manuel Barrios Rozúa, el origen de los actos de iconoclastia anticlerical más virulentos procede de la frustración que sentía gran parte del movimiento obrero por la falta de contundencia (y de eficacia) de las medidas que en materia religiosa había adoptado el gobierno".

Anticlericalismo en Granada
Durante los años de la II República, la sociedad granadina experimentó un profundo proceso de laicización que puede rastrearse tanto en datos meramente estadísticos (disminución del número de bautizos y de matrimonios) como en sucesos cargados de contenido socio-político: boicoteo de procesiones, prohibición del toque de campanas, eliminación del carácter religioso de fiestas como el Día de la Toma,...

En 1932, tras el golpe de Estado fallido de Sanjurjo, se ejecutaron en Granada acciones iconoclastas perfectamente planificadas, que se repitieron durante el conato de insurrección liderado por la FAI en diciembre de 1933. En ambos casos uno de los barrios más afectados fue el Albaycín (principal foco del movimiento obrero y anticlerical en la ciudad), donde se atacaron algunos de los edificios religiosos más emblemáticos de Granada como la Iglesia de San Luis (cuyo párroco había denunciado una reunión clandestina de la CNT). Los ataques fueron realizados por un grupo de unas 40 ó 50 personas que contaba con el apoyo de amplios sectores de la población local.

Entre 1934 y 1936 se vivió un periodo de paz aparente, en el que el gobierno comandado por A. Lerroux ejerció un acoso feroz sobre el movimiento obrero (que llevó al cierre de muchas casas de pueblos) y reprimió con contundencia cualquier conato de acto anticlerical. "Fue un periodo muy negativo, recalcó Juan Manuel Barrios Rozúa, en el que se incumplió sistemáticamente la legislación que se había aprobado en los años anteriores". En las elecciones de febrero de 1936, las fuerzas de derecha granadina se unieron en un único partido - el Bloque Antirrevolucionario - responsable de un auténtico "pucherazo" que provocó la suspensión de los comicios. Esto derivó en una manifestación de protesta (con más de 50.000 personas) que fue reprimida violentamente por pistoleros fascistas, lo que provocó la convocatoria de una huelga general y la mayor reacción anticlerical que ha vivido Granada a lo largo de su historia. No sólo se quemaron iglesias y símbolos religiosos, también se atacaron edificios civiles vinculados a los sectores conservadores de la ciudad (la sede del diario Ideal, el Club de Tenis,...). La reacción anticlerical se extendió a muchos pueblos de la provincia, con ataques a iglesias y ermitas y expulsiones sistemáticas de sacerdotes y monjas.

El golpe de estado de julio de 1936 triunfó en Granada y en los principales núcleos urbanos de la provincia. Sin embargo fracasó en las zonas rurales, donde la mayor parte de las iglesias y ermitas fueron saqueadas pero no destruidas (casi siempre se quemaban las imágenes pero se aprovechaban los edificios como refugios o almacenes). "El deterioro actual de muchos de estos edificios, precisó Barrios Rozúa, se debe más al abandono que a los destrozos ocasionados por los actos anticlericales". Esto es al menos lo que se desprende de un estudio estadístico en el que se indica que el porcentaje de edificios religiosos totalmente destruidos por la violencia anticlerical en la provincia de Granada no llega al 10%, mientras sólo un 20% más sufrió daños importantes. Los actos anticlericales se centraron en la iconografía religiosa, tanto en las imágenes de santos, vírgenes y cristos, como en los utensilios y vestimentas rituales. A diferencia de los edificios que podían ser reutilizados, la iconografía no servía para nada y además se veía como un símbolo evidente del poder represor.

Sin duda, la destrucción de las imágenes es uno de los capítulos más llamativo de la guerra civil en Granada, pero al contrario de lo que siempre se ha creído, en la mayor parte de los casos (no en todos) se realizó como un mero trámite administrativo, sin burlas ni ensañamiento. "La iconoclastia anticlerical en Andalucía, concluyó Juan Manuel Barrios Rozúa, no fue tan irracional como suele presentarse. Partió de un conflicto político (los símbolos religiosos eran saquedos porque se identificaban con las fuerzas conservadoras) y siempre tuvo un fin claro: establecer la laicicidad en la sociedad".