Desde su experiencia como abogado, Javier de la Cueva comenzó a barajar hace ya un par de años la posibilidad de que la SGAE, en su feroz ofensiva por recaudar fondos, terminaría demandando -consciente o inconscientemente- a algún local que pusiera música Copyleft. Por eso, a mediados de 2005 le propuso a Defunkid (músico y responsable de la página web lamundial.net) que enviara al subdirector general de la Propiedad Intelectual una reclamación oficial en la que le preguntara cómo podía cobrar, sin ser socio de la SGAE, el dinero que le correspondía por el canon que se impone a los cds y dvds vírgenes. En la reclamación, que se presentó por vía oficial el 15 de junio de 2005, se planteaba que la obligación de ser miembro de una entidad de gestión para cobrar esa tasa, podía constituir una vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad o el de libertad de asociación.

Pocos días después, el subdirector general de Propiedad Intelectual le respondió con una misiva oficial en la que señalaba que, según la vigente Ley de Propiedad Intelectual (LPI), al carecer el titular de una obra de capacidad real para controlar con un mínimo de eficacia la administración individual de sus derechos de remuneración por copia privada y alquiler, ese control, "por razones de orden práctico", se traspasa a las entidades de gestión colectiva. Más allá de las objeciones jurídicas y políticas que se pudieran hacer a ese razonamiento, lo importante fue, a juicio de Javier de la Cueva, que habían logrado dejar constancia oficial de que existían creadores que querían desmarcarse de la política seguida por las sociedades de gestión de los derechos de autor, apostando por la utilización de licencias alternativas al copyright restrictivo.

"Mi objetivo a corto y medio plazo", aclaró Javier de la Cueva durante su intervención en las Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga, "es introducir la noción de copyleft en la mayor cantidad de resoluciones judiciales y expedientes administrativos posibles y, por ende, en los libros de análisis de doctrina jurídica. Sólo así se podrá acabar con el monopolio que ejercen en Europa las entidades que gestionan los derechos de autor (como la SGAE o VEGAP en España), a las que, realmente, lo único que les preocupa es la obtención de beneficios".

Hay que tener en cuenta que la solicitud presentada por Defunkid se pudo utilizar como prueba en el juicio que se celebró en enero de 2006 por la denuncia que había interpuesto la SGAE dos meses antes al local de Ladinamo, una asociación cultural situada en el barrio madrileño de Lavapiés. La SGAE le exigía 829,70 euros por los "derechos" derivados de la difusión pública de obras musicales y audiovisuales protegidas con copyright. "Gracias a esa solicitud", recordó Javier de la Cueva, "se pudo demostrar que ya había constancia oficial de la existencia del copyleft. Esto es, quedaba claro que eso del copyleft no era una milonga que se inventaba un abogado para que su defendido no tuviera que pagar el dinero que le reclamaban".

En la celebración del juicio, la SGAE presentó como prueba un video de pésima calidad grabado por un detective privado en el que, supuestamente, se puede apreciar que en el local de Ladinamo se emiten obras musicales y audiovisuales protegidas con copyright. La defensa, por su parte, tras aludir al escrito presentado por Defunkid, aseguró que uno de los objetivos fundamentales de la asociación cultural Ladinamo (que, entre otras cosas, edita una revista y tiene una compañía de teatro) es defender y difundir el copyleft. Después solicitó la presencia de varios testigos, "cuyas intervenciones", en palabras de Javier de la Cueva, "fueron cruciales para la resolución favorable del proceso".

Primero intervino Pepe Murciego (co-editor de La Más Bella, revista experimental de arte y creación) quien aseguró que los autores de las obras audiovisuales que se proyectaron el día en el que el detective grabó el vídeo, no eran -ni deseaban ser- miembros de la SGAE o de otras sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor. Tras Murciego testificaron David Saavedra -que imparte un taller de guitarra en el local todos los viernes de 16:00 a 19:00 horas - y Manuela Villa Acosta, la encargada de programación de Ladinamo que, según De la Cueva, "transmitió mucha veracidad". Manuela Villa aseguró que los ordenadores que hay en el local utilizan software no propietario -donde el código fuente está disponible públicamente y cualquier persona, con los conocimientos informáticos adecuados, puede libremente estudiarlo, usarlo, modificarlo y redistribuirlo- y que la mayoría de las personas que participan en las actividades de Ladinamo están ligadas a movimientos sociales y colectivos alternativos que se encuentran al margen de los circuitos culturales institucionales y/o comerciales. Cuando el representante de la SGAE le preguntó por un concierto que había celebrado allí Bebe (que sí pertenece a la SGAE), Villa le replicó que no se trató de una actuación programada, sino que la artista extremeña ("que es una buena amiga de algunos de los responsables de la asociación") se "arrancó a cantar" de forma espontánea y por iniciativa propia.

"Tras las intervenciones de estos testigos", precisó Javier de la Cueva, "quedó claro que, más allá de casos puntuales como el concierto improvisado de Bebe, la mayor parte de la música que programaba Ladinamo era de autores que voluntariamente apostaban por la utilización de modalidades alternativas al copyright restrictivo". Además esa música se había descargado legalmente desde Internet y se alojaba en ordenadores que funcionaban con software libre. Apoyándose en todo eso, Javier de la Cueva pudo explicarle más detenidamente al Juez la dimensión jurídica del copyleft, haciendo referencia en reiteradas ocasiones al artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual ("que es el artículo maestro para todos los que defendemos modalidades alternativas al copyright restrictivo") en el que se establece que los autores son dueños de sus producciones (y que, por tanto, les corresponde en exclusiva la decisión sobre la copia, distribución, comunicación pública y transformación de su obra).

El juez, que según De la Cueva supo interpretar que en torno al copyleft se está fraguando un movimiento cultural y político con gran proyección de futuro, dictó una sentencia absolutoria en la que señalaba que ni el legislador ni la judicatura podían obviar que los creadores tienen libertad para no encomendar la administración de los derechos de explotación de sus obras a las entidades que gestionan los derechos de autor. A su vez, de la sentencia se puede deducir que si un establecimiento demuestra que ni los autores, ni los interpretes, ni los editores de las obras (musicales y/o audiovisuales) que emite pertenecen a sociedades que gestionan los derechos de autor, éstas no pueden reclamarle nada por la "difusión pública" de las mismas.

De este modo, se ha logrado que Ladinamo no tenga que pagar el dinero que le reclamaba la SGAE, sentando un precedente jurídico que podrá utilizarse en futuros procesos legales y que servirá para luchar contra el monopolio que ejercen actualmente las entidades que gestionan los derechos de autor. "En mi humilde opinión", afirmó Javier de la Cueva, "lo más relevante es que, por primera vez, el copyleft ha sido incluido en una resolución judicial". Hay que tener en cuenta que ya existen muchos jueces, tanto en España como en otros países, que cuando encuentran un mínimo resquicio legal, dictan sentencias que se posicionan claramente a favor del copyleft. "Quizás porque también ellos (o sus hijos) usan el eMule y otras aplicaciones de intercambio de archivos", añadió.

Partiendo de la convicción de que "el soporte digital es el papel del siglo XXI", otra de las iniciativas que ha impulsado Javier de la Cueva ha sido la interposición distribuida de demandas contra el canon que se aplica en España a los cds y dvds vírgenes. "Pues si no puede imponerse una póliza sobre el papel por el hecho de que con él se puedan hacer fotocopias de libros", precisó, "también puede considerarse inconstitucional que se imponga sobre cds y dvds vírgenes por el hecho de que con ellos se puedan hacer copias de canciones o películas". La iniciativa consiste en que distintas personas interpongan a título personal una demanda contra algún establecimiento que le haya cobrado ese canon al venderle un cd o dvd (canon que en el año 2005 representaba un sobreprecio de 22 céntimos).

"Es una acción legal", explicó De la Cueva, "que no requiere abogado ni procurador. Y al no ser necesario que intervengan profesionales, las costas serán inexistentes (aunque la reclamación sea finalmente rechazada), siempre que el establecimiento demandado esté en la localidad del demandante". En la web http://www.derecho-internet.org/ se explica detalladamente todos los pasos que hay que dar para realizar la demanda. El objetivo final de esta iniciativa es que uno de los órganos judiciales en los que se presente la reclamación plantee la cuestión de la inconstitucionalidad de este canon al Tribunal Constitucional. "Por ello", señaló De la Cueva, "mientras mayor diversidad y variación geográfica se consiga, más posibilidades habrá de que logremos nuestro propósito".

Hasta el momento, sólo se han animado a interponer demandas veinte personas (entre ellas, Eduardo Serrano, miembro del Grupo Promotor de las Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga), y ya ha habido diez resoluciones, algunas positivas y otras negativas. En cualquier caso, Javier de la Cueva está preparando una versión actualizada de esta demanda en la que se argumentará que el Estado es el mayor contribuidor de ese canon, pues, entre otras cosas, todos los juicios que se celebran en nuestro país se graban en CD-Rom. "Es decir", explicó Javier de la Cueva, "las sociedades de gestión de los derechos de autor que hay en España (SGAE, AIE, AISGE, AGEDI, CEDRO, DAMA, EGEDA, VEGAP) se llevan aproximadamente 22 céntimos por cada juicio que se celebra. Un dinero que además se reparten entre ellas conforme a unos criterios que no son públicos".