Desde hace varios años, existe en Europa un poderoso grupo de presión que, con la excusa de "armonizar el sistema de registro de patentes en los Estados miembros de la UE", está intentando que se apruebe una Directiva comunitaria (norma de cumplimiento obligado) que incluya la programación informática en el ámbito de lo patentable. Impulsada por el ex-Ministro de Economía de Irlanda, Charlie McCreevy (que también ha sido comisario europeo para Mercado Interno y Servicios), esta Directiva entra en conflicto con los sistemas legislativos sobre patentes de gran parte de los países miembros de la UE y fue rechazada en julio de 2005 por el Parlamento Europeo. "Sin embargo", advirtió Alberto Barrionuevo en el inicio de su intervención en las Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga, "McCreevy, apoyado por los lobbies de las multinacionales del software (BSA, EICTA, CFC, ACT...) y de forma muy especial por Microsoft, sigue presionando para que en un futuro próximo Bruselas apruebe la patentabilidad del software".

Hay que tener en cuenta que en Europa, los programas informáticos -cuya materia prima es la información- ya están protegidos por la legislación de la propiedad intelectual (el copyright) que basta (y, según muchos, sobra) para amparar jurídicamente a sus creadores y productores. "De hecho", recordó Alberto Barrionuevo, contacto oficial para España de la F.F.I.I. (Foundation for a Free Information Infrastructure, que reúne a diferentes colectivos europeos que han lanzado una campaña contra las patentes de software), "el copyright ha permitido que muchos productores de software se hayan enriquecido, propiciando incluso la gestación de monopolios corporativos gigantescos que manejan grandes cantidades de capital". A su juicio, esa tendencia hacia el monopolio se vería aún más reforzada con la puesta en marcha de una normativa sobre patentes de software, algo que ya está ocurriendo en países como Japón y Estados Unidos (donde la programación informática se incluye en el ámbito de lo patentable).

Mientras el copyright se concede de manera "inmediata y gratuita", protegiendo contra la copia -total o parcial- y el uso no autorizado de una producción inmaterial, las patentes son otorgadas de forma "muy lenta, cara y poco transparente" por organismos nacionales e interregionales de carácter monopolístico como la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés). No hay que olvidar que el sistema de patentes fue creado hace 200 años con la idea de estimular la investigación de invenciones industriales y tecnológicas, cuya producción y puesta en circulación requería una gran inversión económica. "Pero en el sector de la informática", señaló Alberto Barrionuevo, "los costes necesarios para convertir una idea en un producto son muy escasos, por lo que aplicarle el sistema de patentes es una medida legislativa tan arbitraria como contraproducente". La innovación en este campo es incremental y el tiempo de vigencia de las patentes (veinte años) representa todo una "era", pues se trata de un ámbito en el que, en palabras de Barrionuevo, "se producen continuas invenciones sin necesidad de que haya ningún mecanismo legal que las incentive".

A diferencia de otras tecnologías patentables, el software es abstracto -son ideas y especulaciones teóricas- y resulta casi imposible detectar de forma precisa todas las técnicas patentadas que implementa un programa de complejidad media. "Por tanto", subrayó Alberto Barrionuevo, "si se aprobara una Directiva sobre patentabilidad del software similar a la impulsada por McGreevy, muchas aplicaciones estarían en una situación de alegalidad/ilegalidad". Hay que tener en cuenta que la legislación sobre patentes de programación no protegería el software en sí (Word, Excel...), sino las técnicas que lo conforman. Esto es, qué hace un programa y cómo lo hace: qué datos de entrada lee, qué datos de salida produce y cómo interacciona con otras aplicaciones. De este modo, cualquier proceso técnico que se pueda implementar para el desarrollo de una aplicación (por ejemplo, un compresor de archivos de audio como MP3) podría estar afectado por el sistema de patentes.

De hecho, Barrionuevo asegura que cualquier programa informático utiliza innumerables rutinas técnicas que podrían estar amparadas por la legislación sobre patentes. Y lo más paradójico es que aunque se hayan desarrollado esas rutinas de forma autónoma (algo que en el ámbito de la programación informática ocurre con frecuencia), los dueños de las patentes tendrían amparo jurídico para exigir el pago de una parte de los beneficios que se obtuvieran con la comercialización y/o distribución de las aplicaciones en las que se incluyen. Además, el hecho de tener una patente no obliga a su propietario a utilizarla, por lo que se puede mantener una invención paralizada durante todo el tiempo que dure su monopolio para la explotación comercial (es decir, durante veinte años).

En este punto de su intervención, Alberto Barrionuevo recordó que elementos tan básicos en cualquier aplicación informática como las pestañas, los menús emergentes, el zoom, el doble "click" del ratón o la opción de voltear una imagen, están ahora patentados y si se aprobara una normativa comunitaria sobre patentabilidad del software, todo programa que los utilizara, tendría que pagar por ello. No hay que olvidar que el sistema de patentes se concibió para proteger invenciones materiales concretas. Y si el software, que es una creación abstracta (en la que no hay diferencia entre los "planos" y el "objeto", entre la idea del programa y el programa en sí), se incorporara a su ámbito legislativo, sería mucho más fácil que otras producciones inmateriales (desde fórmulas y operaciones matemáticas a recetas de cocina, pasando por soluciones arquitectónicas o métodos de negocio) puedan ser patentadas. "Si cae esta primera barrera", alertó Alberto Barrionuevo,"caerán todas las demás y, en no demasiado tiempo, todo el ámbito de la producción de lo inmaterial estará controlado por unas pocas multinacionales".

Pero, ¿a quiénes beneficiaría una Directiva europea para la concesión de patentes a invenciones implementadas por ordenador? "Desde luego", subrayó Barrionuevo, "a los programadores independientes no. Sus obras ya están protegidas por el copyright y ellos no podrían permitirse el lujo de pagar por adelantado el dinero que cuesta registrar una patente (hay que tener en cuenta que la Oficina Europea de Patentes suele tardar tres ó cuatro años en concederlas)". Tampoco podrían hacer frente a los royalties de las numerosas patentes que necesariamente deberían utilizar para desarrollar sus programas, ni asumir los altos costes en asesoría legal que les exigiría su adaptación al nuevo marco jurídico.

Efectos similares tendría esa normativa en las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector informático, pues no podrían competir con las grandes multinacionales del software que suelen disponer de una abultada cartera de patentes. Según Barrionuevo, la normativa también perjudicaría a estudiantes y trabajadores del sector, ya que, al disminuir el numero de pymes y convertirse en una tarea casi imposible trabajar por cuenta propia, se reduciría de forma considerable la variedad de proyectos profesionales en los que podrían implicarse. "Estarían obligados", añadió, "a buscar trabajo en algunas de las grandes multinacionales del mundo de la informática, teniendo que aceptar las condiciones laborales que éstas les impongan".

Por otro lado, con la aprobación de esa Directiva, el software libre sería ilegal y sus desarrolladores podrían ser denunciados e incluso encarcelados. Algo que también le ocurriría al shareware, el freeware y otras modalidades -total o parcialmente- gratuitas de software. Los usuarios también saldrían perjudicados, pues si las pymes, los desarrolladores independientes y el software libre desaparecen o quedan relegados a una posición muy marginal, el mercado de la informática estará exclusivamente en manos de unas pocas multinacionales (en torno a cincuenta, según ciertos estudios) que podrán fijar a su antojo el precio y las condiciones de venta de sus productos y servicios. "Lo que supondría", subrayó Barrionuevo, "el fin del libre mercado informático".

A quienes sí beneficiaría la aprobación de esa Directiva sería a las multinacionales dedicadas al desarrollo de software que, en su mayor parte, son estadounidenses: Microsoft, IBM (que es la compañía que tiene registrada más patentes de software), HP, Intel, Motorola, Sun MicroSystems, Apple, Dell, Novell, Oracle, Adobe, Xerox... También hay muchas japonesas y coreanas (Pioneer, Sony, Hitachi, Mitsubishi, Samsung, Canon, Fujitsu...) y algunas, aunque muy pocas, europeas (Ericsson, Alcatel, Nokia, Siemens, Philips...); pero ninguna española. "No hay que olvidar", advirtió Alberto Barrionuevo, "que estas multinacionales establecen entre ellas acuerdos de cruce de patentes (es decir, se intercambian licencias para usar técnicas y recursos patentados sin necesidad de pagar royalties)".

Además de estas grandes corporaciones, también saldrían beneficiadas las oficinas -nacionales e interregionales- de patentes (ya que la cuantía de sus ingresos es directamente proporcional al número de patentes que conceden), así como los llamados "abogados de patentes" (una especialidad que aún no existe "legalmente" en Europa, pero que habría que crear). A su vez, la aprobación de esa Directiva sería muy positiva para empresas que están alejadas del mundo de la programación informática pero que "desarrollan, adquieren y licencian" patentes de software. "Estas empresas parasitarias", señaló Alberto Barrionuevo, "usan las patentes para pleitear a compañías informáticas verdaderamente innovadoras con la única intención de ganar dinero fácil". Por ejemplo, la empresa NTP, creada ex-profeso para proteger las patentes estadounidenses de los inventos de Thomas Campana (que están relacionados con los sistemas inalámbricos de datos), denunció en el año 2002 a Research In Motion (RIM), la compañía propietaria del servicio de mensajería celular BlackBerry, por haber violado cinco de sus patentes. Para zanjar el litigio, Research In Motion le ha pagado a NTP -en cuya plantilla, por cierto, no hay ningún informático ("por no tener, ni siquiera tienen web", señaló Barrionuevo)- nada más y nada menos que 612,5 millones de dólares.

Por último, la aprobación de esa normativa beneficiaría a países como Japón o EE.UU., donde ya existen patentes de software y la competitividad del sector informático es una pieza clave de su economía. A su vez, sería muy positiva para un pequeño país de la Unión Europea, Irlanda, de donde, curiosamente, procede el principal impulsor de la Directiva sobre patentabilidad del software que en julio de 2005 rechazó la Eurocámara: Charlie McCreevy. En la actualidad, Irlanda es una especie de paraíso fiscal para las multinacionales informáticas y el mayor exportador de software de todo el continente. "Y no hay que olvidar", subrayó Alberto Barrionuevo en la fase final de su intervención en las Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga, "que su mayor inversor es, con diferencia, Estados Unidos y que casi el 45% de los impuestos corporativos que recauda procede de grandes empresas informáticas no europeas (entre ellas, Microsoft)".