En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama que una de las máximas aspiraciones de la humanidad es la "libertad de palabra". A su vez, el artículo 19 de este documento reconoce el derecho de todos los hombres y mujeres a recibir informaciones y opiniones y a difundirlas por cualquier medio de expresión. Por su parte, la UNESCO ha elaborado un manifiesto en defensa de la biblioteca pública que define como "un espacio para la educación, la cultura y la información" y como un "agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar de los seres humanos". Partiendo de la convicción de que la función fundamental de las bibliotecas es facilitar el acceso a la información y al conocimiento, el manifiesto señala que "ni sus fondos ni sus servicios estarán sujetos a ninguna forma de censura ni a presiones comerciales". En parecidos términos se expresa el IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) que afirma que las bibliotecas deben ser "una puerta de acceso al conocimiento, el pensamiento y la cultura", contribuyendo de esta forma al mantenimiento de "la libertad intelectual" y ayudando "a preservar los valores democráticos básicos y los derechos civiles universales".

Pero a pesar de todas estas declaraciones, la mayoría de las iniciativas legislativas (nacionales e internacionales) que se están adoptando últimamente en torno al copyright y a los derechos de autor, restringen el acceso al conocimiento, lo que impide, según Javier Gimeno Perelló -Director de calidad de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Foro BibliotecAlternativa-, "la construcción de una sociedad más justa e igualitaria". Un ejemplo evidente es la "Directiva sobre Derechos de Alquiler y Préstamo" que aprobó la Unión Europea en 1992. Esta normativa obliga a los países miembros a cobrar un canon o tasa por cada documento (en cualquier soporte o formato) que se presta en los centros de documentación e información de titularidad pública: bibliotecas municipales, universitarias o escolares, archivos históricos.... Las bibliotecas públicas españolas, italianas, portuguesas e irlandesas todavía no pagan este canon, lo que ha hecho que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción contra estos cuatros estados, exigiéndoles que apliquen la Directiva lo antes posible.

El contenido de esta Directiva entra en contradicción con algunos puntos de la todavía vigente Ley de Propiedad Intelectual española (LPI) que en sus artículos 5 y 37 señala que una serie de instituciones públicas -museos, bibliotecas, hemerotecas, archivos, filmotecas, fonotecas...- y/o de carácter docente quedan exentas del pago de los derechos de autor por el préstamo y reproducción de documentos culturales y divulgativos. Una cláusula que dejaría de tener validez cuando se aplique la Directiva (pues es de rango legislativo superior).

A juicio de Javier Gimeno Perelló, coordinador de la obra colectiva Información, conocimiento y bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal, esta Directiva -que está apoyada por las sociedades que gestionan los derechos de autores y editores- es incompatible con los principios que rigen la actividad bibliotecaria, pues propicia el sometimiento de un servicio público esencial (facilitar el acceso a la cultura y el conocimiento) a las leyes del mercado. "Un servicio", recordó Javier Gimeno, "que según la propia UNESCO debe estar al margen de cualquier tipo de presión comercial".

Para evitar la aplicación de esta normativa se ha puesto en marcha la campaña No al préstamo de pago, impulsada por varios colectivos bibliotecarios de España, Portugal e Italia y que está apoyada por numerosos escritores, intelectuales, docentes, editores y libreros de toda Europa. Los organizadores de esta campaña consideran que esta Directiva lesiona "seriamente un derecho fundamental como es el acceso al libro, a la lectura pública, a la información y al conocimiento", incidiendo de forma negativa en el desarrollo cultural y científico de la sociedad.

Javier Gimeno piensa que la posible aplicación de esta Directiva sería muy perjudicial para el sistema bibliotecario público español, pues reduciría un 50% (más o menos) su presupuesto para nuevas adquisiciones. "Y no debemos olvidar", señaló Gimeno, "que la situación de las bibliotecas públicas españolas es ya muy preocupante y aunque hay algunos datos positivos (en los últimos quince años sus fondos han crecido en un 85% y su número de usuarios en un 141%), la calidad de su oferta y servicio está muy por debajo de la media europea". Así, en el año 2000, las bibliotecas españolas hicieron 0,77 préstamos por habitante, bastante lejos de los 4,93 que en 1998 se realizaban como media en Europa. Además, en España el porcentaje de usuarios de bibliotecas no llega al 20% de la población total (la media en Europa está en torno al 50%) y el dinero que invierten en ellas las distintas administraciones públicas es sólo un tercio del que le destinan como media los países de la UE. De este modo, mientras en España las bibliotecas públicas compran un libro por cada veinte usuarios, el porcentaje en Finlandia es de uno por cada tres y en Dinamarca de uno por cada dos. Otro dato significativo: en el año 2000, España gastó en la compra de libros para toda su red de bibliotecas públicas un total de 27,4 millones de euros: ese mismo año, Francia invirtió 22,6 millones de euros en la adquisición de nuevas obras sólo para su red de bibliotecas escolares.

Los defensores de la imposición de este canon aseguran que no causará perjuicios graves a las bibliotecas públicas, al tiempo que servirá para proteger los intereses de autores y editores. Lo que parecen obviar, según Javier Gimeno, es que las bibliotecas ya pagan derechos de autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra con depósito legal. "Por tanto", subrayó, "la imposición de esta tasa supondrá que las bibliotecas paguen dos veces por el mismo concepto". Además, el dinero recaudado por este canon no irá directamente a los creadores, sino a las sociedades gestoras de los derechos de autor que lo distribuirán según su sistema de reparto de beneficios en función de las ventas obtenidas. Es decir, sólo beneficiará a aquellos que ya ganan más.

En este punto de su intervención, Javier Gimeno Perelló señaló que no tiene sentido la acusación lanzada por ciertos sectores del mundo editorial de que las bibliotecas ejercen una "competencia desleal" a las librerías. A su juicio ocurre justo todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que el comercio del libro se basa en las novedades, cuya actualidad, como la de todo objeto de consumo, se agota muy pronto. Las bibliotecas garantizan la permanencia de las obras, además de su catalogación, conservación y difusión. "A lo que habría que añadir", aseguró Javier Gimeno, "que muchas personas terminan comprando libros que han conocido en las bibliotecas que frecuentan".

Javier Gimeno cree que las distintas iniciativas jurídicas, legislativas y mediáticas que han surgido en los últimos años para intentar ampliar el foco de influencia del copyright y de los derechos de autor están relacionadas con la expansión a nivel global de una especie de contrarrevolución capitalista (el neoliberalismo) en la que los criterios económicos y comerciales prevalecen sobre cualquier otro tipo de consideración (ya sea de carácter humanitario, cultural, medioambiental o social). Esta contrarrevolución ha propiciado la aparición y consolidación de una serie de poderosos organismos financieros supranacionales -Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI)...- que tienen como uno de sus principales objetivos la liberalización y privatización de los servicios públicos.

A pesar de que toman decisiones de gran trascendencia para el presente y el futuro del planeta, estos organismos tienen un funcionamiento muy jerárquico y vertical y están liderados por personas que no han sido elegidas democráticamente (y que, con frecuencia, están vinculadas a grandes corporaciones transnacionales). Además, aunque integran a la mayoría de los países del mundo, sólo algunos de ellos (EE.UU., Canadá, Japón, los estados miembros de la Unión Europea...) tienen poder para influir en la toma de decisiones. No hay que olvidar que las normas que dictan son de obligado cumplimiento y si algunos de los países miembros se niega acatarlas, se expone a un bloqueo económico de devastadoras consecuencias para su estabilidad institucional.

Uno de estos organismos, la OMC -a la que pertenecen 146 países-, tiene como principal objetivo la "eliminación de las barreras que obstaculicen el libre comercio", desarrollando para ello una serie de reglamentaciones y normativas. Entre otras, el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que afecta, por ejemplo, a las emisiones de radio y televisión y a las actividades vinculadas con el diseño industrial; o el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) cuyo objetivo es promover la liberalización de una serie de servicios públicos. "Entre ellos", precisó Javier Gimeno, "los que tienen que ver con la sanidad, la educación, el medio ambiente, la comunicación y la cultura (incluyendo en este último apartado los servicios de bibliotecas, archivos y museos)". De este modo, el AGCS "recomienda" a los gobiernos de los países miembros de la OMC que financien y/o ayuden fiscalmente a las empresas privadas que ofrezcan servicios bibliotecarios, archivísticos o museísticos. Una recomendación que ya ha sido asumida por la Unión Europea.