Entre el 9 y el 12 de marzo de 2006 se celebraron en diversos espacios de Málaga las Jornadas críticas de propiedad intelectual en las que se han analizado posibles vías políticas, jurídicas y tecnológicas que permitan luchar contra las contradicciones y limitaciones de los actuales sistemas legislativos sobre derechos de autor, copyright y patentes. Este encuentro -en el que han participado más de cuarenta ponentes- ha representado el último capítulo (hasta la fecha) de un proyecto iniciado en Madrid en el año 2003 y que ya ha tenido otras convocatorias en Barcelona (del 15 al 18 de abril de 2004), Málaga (4 y 5 de junio de 2004) y Donosti (del 24 al 26 de junio de 2005). A lo largo de los cuatro días que duraron las jornadas, se analizaron, entre otras cosas, las relaciones entre las artes visuales y el diseño gráfico con la propiedad intelectual; la emergencia de proyectos editoriales y discográficos para publicar y distribuir obras con algún tipo de licencia copyleft (Traficantes de sueños, Magnatune...); la existencia de iniciativas jurídicas contra la imposición de un canon a los Cds vírgenes o para introducir el término copyleft en sentencias judiciales; o la puesta en marcha de campañas contra las patentes de software (que ha conseguido una victoria parcial con el rechazo de la Unión Europea a la Directiva sobre patentabilidad impulsada por el irlandés Charlie McCreevy, comisario europeo para el mercado interior) o contra el préstamo de pago en bibliotecas públicas (una tasa que ya se aplica en países como Francia).

A juicio de los organizadores de estas jornadas, en otros contextos históricos, los actuales sistemas legislativos sobre derechos de autor, copyright y patentes quizás hayan podido incentivar la creación y la innovación (aunque también el control y la censura), pero a día de hoy, cuando el desarrollo y expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación está multiplicando exponencialmente las posibilidades de producción, distribución y recepción de obras intelectuales, artísticas y científicas, sólo sirven para proteger los intereses y privilegios de las grandes multinacionales y de una especie de nueva casta aristocrática formada por ciertos editores y artistas (que incluso traspasan sus derechos a sus herederos).

Pero, ¿qué es el copyleft?, ¿cuál es su origen conceptual y terminológico?, ¿cómo y por qué se ha convertido en un instrumento jurídico y político fundamental en todos los campos relacionados con la producción intelectual y el uso y acceso a la información y al conocimiento? En el inicio de su intervención en las Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga, Emmanuel Rodríguez -fundador de la editorial Traficantes de sueños y miembro de la Universidad Nómada- recordó que el copyleft es más una noción política que jurídica que fue acuñada en el ámbito del software libre a mediados de los años ochenta. "En esa época", rememoró, "comenzó a extenderse en el mundo de la informática y de las telecomunicaciones un afán mercantilista que desbarataba la dinámica cooperativa y colaborativa que había prevalecido hasta entonces en las comunidades de programadores (ligadas, por lo general, a instituciones académicas y científicas alejadas de la lógica del máximo beneficio del mundo empresarial)".

En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama que una de las máximas aspiraciones de la humanidad es la "libertad de palabra". A su vez, el artículo 19 de este documento reconoce el derecho de todos los hombres y mujeres a recibir informaciones y opiniones y a difundirlas por cualquier medio de expresión. Por su parte, la UNESCO ha elaborado un manifiesto en defensa de la biblioteca pública que define como "un espacio para la educación, la cultura y la información" y como un "agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar de los seres humanos". Partiendo de la convicción de que la función fundamental de las bibliotecas es facilitar el acceso a la información y al conocimiento, el manifiesto señala que "ni sus fondos ni sus servicios estarán sujetos a ninguna forma de censura ni a presiones comerciales". En parecidos términos se expresa el IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) que afirma que las bibliotecas deben ser "una puerta de acceso al conocimiento, el pensamiento y la cultura", contribuyendo de esta forma al mantenimiento de "la libertad intelectual" y ayudando "a preservar los valores democráticos básicos y los derechos civiles universales".

En los últimos años, las grandes multinacionales de la industria de la cultura, en connivencia con las sociedades que gestionan los derechos de autor y ciertos organismos gubernamentales, están llevando a cabo una feroz ofensiva jurídica y mediática para intentar ampliar el foco de influencia de la legislación sobre copyright. En España, por ejemplo, el gobierno lanzó recientemente una campaña publicitaria institucional en la que, bajo el lema "ahora la ley actúa", se difundía un mensaje ambiguo que hacía pensar que el intercambio de archivos a través de las redes P2P constituye un acto delictivo. Además, es muy habitual que en los medios de comunicación se relacione indirectamente a estas redes con tramas mafiosas de venta ilegal de música e incluso con la pornografía infantil o el terrorismo.

Desde hace varios años, existe en Europa un poderoso grupo de presión que, con la excusa de "armonizar el sistema de registro de patentes en los Estados miembros de la UE", está intentando que se apruebe una Directiva comunitaria (norma de cumplimiento obligado) que incluya la programación informática en el ámbito de lo patentable. Impulsada por el ex-Ministro de Economía de Irlanda, Charlie McCreevy (que también ha sido comisario europeo para Mercado Interno y Servicios), esta Directiva entra en conflicto con los sistemas legislativos sobre patentes de gran parte de los países miembros de la UE y fue rechazada en julio de 2005 por el Parlamento Europeo. "Sin embargo", advirtió Alberto Barrionuevo en el inicio de su intervención en las Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga, "McCreevy, apoyado por los lobbies de las multinacionales del software (BSA, EICTA, CFC, ACT...) y de forma muy especial por Microsoft, sigue presionando para que en un futuro próximo Bruselas apruebe la patentabilidad del software".

En el campo de la edición de libros, las modalidades alternativas al copyright restrictivo (que permiten, por ejemplo, la descarga gratis de una obra completa a través de Internet), ¿son económicamente viables? Emmanuel Rodríguez, fundador de la editorial Traficantes de sueños, cree que sí porque, además de abaratar sustancialmente los costes de producción y distribución, posibilitan que los libros sean más conocidos y eso termina favoreciendo su venta en librerías. Hay que tener en cuenta que a la mayoría de los lectores, cuando un libro le interesa, no le importa pagar un precio razonable para tener una versión en papel del mismo. "Pues hoy por hoy", aseguró, "los libros en su formato convencional siguen teniendo un gran valor objetual y su lectura resulta mucho más cómoda y agradable".

"La salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia". Esta definición holística y positiva de salud que propuso A. Stampar en 1945 -y que, un año después, asumió la Organización Mundial de la Salud (OMS) como punto "uno" de su carta fundacional- ha quedado algo desfasada, pues según sus críticos resulta demasiado utópica, estática (no admite gradación en los estados de salud) y subjetiva (¿cómo se mide el bienestar?). A día de hoy, se apuesta por una definición más posibilista y dinámica que identifica la salud con "el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento" que permitan los factores sociales que condicionan la vida de un individuo o de una colectividad.

El proyecto Copyfight nace de la colaboración entre Óscar Abril Ascaso - productor cultural y curador del Festival Sónar de músicas avanzadas- y el Colectivo Elástico, que reúne a algunos de los "blogeros" más influyentes de España (José Luis de Vicente, Nacho Escolar –músico y actual director del diario Público -, Antonio Córdoba y Marta Peirano). Su objetivo es promocionar la cultura libre y plantear un debate en torno a la crisis de la propiedad intelectual, desde la convicción de que la cuestión de los derechos de autor y la propiedad intelectual afecta cada vez a más sectores sociales y productivos

En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha introducido cambios sustanciales en el mundo de la producción inmaterial, transformando los procesos de creación, distribución, difusión y recepción de los contenidos culturales. Estos cambios se han notado de forma muy especial en el ámbito de la música, donde han surgido nuevas formas de consumo que ponen en peligro el modelo de negocio impulsado por las grandes compañías discográficas en colaboración con las entidades que gestionan los derechos de autor (con la SGAE al frente) y los principales medios de comunicación. Para analizar estas cuestiones, las Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga se cerraron con una mesa redonda que contó con la presencia de Miguel López Mora (creador del proyecto musical Digital 21), Antonio "Smash" Rodríguez, (miembro de los Smash, una mítica banda underground sevillana de finales de los años sesenta), Javier Ojeda (vocalista del grupo Danza Invisible) y A. López, Defunkid (músico y responsable de la página web http://www.lamundial.net)

Con la connivencia de grandes empresas del ámbito de la informática (fundamentalmente Microsoft, pero también otras como Apple) y a través de programas como Carnivore (software usado por el FBI que se instala en los proveedores de acceso a Internet y permite rastrear todo lo que un usuario hace durante su navegación web), el gobierno estadounidense está intentando introducirse en los ordenadores personales de los ciudadanos de todo el mundo (no sólo de los norteamericanos). "Supuestamente", indicó Jorge Cortell durante su intervención en las Jornadas Crítica de Propiedad Intelectual de Málaga, "lo hace para luchar contra determinados delitos –tanto informáticos como de otras clases-, "pero, ¿qué le impide utilizar esas puertas traseras de nuestros ordenadores para 'husmear' todo lo que hay en ellos y controlar nuestros movimientos y actividades?".

Desde su experiencia como abogado, Javier de la Cueva comenzó a barajar hace ya un par de años la posibilidad de que la SGAE, en su feroz ofensiva por recaudar fondos, terminaría demandando -consciente o inconscientemente- a algún local que pusiera música Copyleft. Por eso, a mediados de 2005 le propuso a Defunkid (músico y responsable de la página web lamundial.net) que enviara al subdirector general de la Propiedad Intelectual una reclamación oficial en la que le preguntara cómo podía cobrar, sin ser socio de la SGAE, el dinero que le correspondía por el canon que se impone a los cds y dvds vírgenes. En la reclamación, que se presentó por vía oficial el 15 de junio de 2005, se planteaba que la obligación de ser miembro de una entidad de gestión para cobrar esa tasa, podía constituir una vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad o el de libertad de asociación.

A juicio de David Bravo, abogado y autor de Copia este libro, las redes P2P (peer to peer) son una especie de gran biblioteca universal, aunque los medios de comunicación (incluso ciertos sectores dentro del movimiento copyleft) no parecen percibirlas así y suelen decir de ellas que sólo sirven para promover la piratería. Bajo su punto de vista, la razón por la que se acusa a los usuarios de estas redes de "piratas" es muy simple: de esa forma se agota cualquier posibilidad de debate y discusión. "Es como una palabra comodín", señaló David Bravo en el inicio de su intervención en las Jornadas Crítica de Propiedad Intelectual de Málaga, "que transmite un mensaje muy simple y demagógico y permite desactivar cualquier posible discrepancia a las tesis defendidas por la industria discográfica y cinematográfica".