Tras la celebración en abril de 2004 en Barcelona de las II Jornadas Copyleft, se ha llevado a cabo en el Instituto de Estudios Portuarios y en el Centro Social-Casa de Iniciativas 1.5 de Málaga un breve encuentro para propiciar la creación en Andalucía de un espacio crítico en torno a los actuales sistemas legislativos sobre derechos de autor, propiedad intelectual y copyright. Este encuentro, que ha contado con el patrocinio de Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa y del proyecto UNIA arteypensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía, es el preámbulo de las futuras III y IV Jornadas Copyleft que se desarrollarán en Málaga y San Sebastián el próximo 2005. "En una época marcada por la centralidad del trabajo inmaterial, señaló Javier Toret (miembro del grupo promotor de las III Jornadas Copyleft), es necesario construir un nuevo espacio político antagonista que impida que el capitalismo se apropie de los frutos de la inteligencia colectiva (el principal foco de creación de riquezas en la sociedad digital)".

El primer paso de esta iniciativa para luchar contra los efectos perversos de la legislación sobre propiedad intelectual se dio en unas jornadas que tuvieron lugar en Madrid en marzo de 2003, donde se impulsó por primera vez en el Estado español un debate público acerca de las implicaciones sociales, políticas y económicas de la conversión de la cultura, la información y el conocimiento (artístico y científico) en mercancía. Algunos de los asistentes a esas jornadas decidieron organizar un encuentro similar en Barcelona, una ciudad-marca en la que la protección y difusión de la cultura sirve de excusa para justificar todo tipo de operaciones especulativas. Las personas que estén interesadas en recibir información sobre estos eventos, así como otras noticias relacionadas con el copyleft y los modelos alternativos al copyright restrictivo, pueden suscribirse a la siguiente lista de correos ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ) o visitar la web http://copyleft.sindominio.net.

En defensa del procomún. Estrategias de resistencia al copyright restrictivo
Frente a la tendencia a privatizar la producción inmaterial (principal fuente de riquezas en la sociedad de la información) y a criminalizar las prácticas cotidianas de reapropiación de bienes comunes (redes P2P, copias de cds, fotocopias ilegales de libros, compra de artículos con marcas falsas y de discos "piratas"...), han surgido en los últimos años una serie de iniciativas -entre ellas, el movimiento del software libre- que demuestran que las modalidades alternativas al copyright restrictivo son económicamente viables y favorecen la creación intelectual y la investigación científica. Según Miquel Vidal, el viejo término castellano procomún -que alude a los espacios y recursos colectivos cuyo aprovechamiento y gestión se realiza de forma comunal- puede servirnos de forma más precisa y general que la expresión inglesa copyleft (muy ligada al ámbito del software no propietario) para agrupar las distintas prácticas (musicales, literarias, científicas...) que se oponen activamente a las restricciones de las leyes de propiedad intelectual.

En cualquier caso, para Miquel Vidal, administrador de sistemas y programador de barrapunto.com (sitio de referencia de la comunidad hispana de software libre), es un error plantear el debate sobre el copyright y las patentes en términos de rentabilidad económica e innovación, pues se trata de un fenómeno mucho más complejo que afecta a elementos básicos de la convivencia y de la cooperación social. "No es un debate meramente técnico sobre licencias, precisó Miquel Vidal durante su intervención en Copyleft: la potencia de lo público, ni siquiera sobre la necesidad de proteger los derechos (o privilegios) morales y económicos de autores y editores. Lo que está en juego es la noción de libertad en su sentido más profundo, la construcción de un futuro en el que la creación pueda ser heterogénea (frente a la estandarización que impone el mercado capitalista), plural (frente a la concentración mediática del neoliberalismo) y cooperativa (fomentando el interés colectivo y no sólo el beneficio privado)".

En la actualidad, las tecnologías de la comunicación y de la información permiten una "era de la abundancia", al menos en el espacio de la producción inmaterial, eliminando muchas de las barreras que ralentizaban y dificultaban la creación, reproducción, distribución y circulación de obras intelectuales. En este contexto, la legislación tradicional sobre el copyright es un anacronismo jurídico que en vez de fomentar la creación, sólo sirve para proteger los intereses de monopolios industriales, sociedades de gestión de derechos de autor y unos pocos (muy pocos) creadores estrellas. Desde la posición de poder que ocupan, estos agentes tratarán de mantener un sistema jurídico y económico que les beneficia, aunque sea a costa de la criminalización de una serie de actividades que lleva a cabo la mayor parte de la población. "No hay que olvidar, indicó Miquel Vidal, que el mercado capitalista sólo es capaz de generar riqueza a partir de la escasez, hasta el punto de que la provoca artificialmente cuando le conviene, como intenta hacer en la actualidad con la producción de bienes intelectuales".

A juicio de Miquel Vidal, para que la apuesta por la libre circulación de los conocimientos, la cooperación social sin mando y la autogestión que promueve el procomún pueda ser efectiva, hay que desarrollar una estrategia de resistencia integral en tres capas diferentes y complementarias: física, lógica y de contenidos. En el ámbito de las nuevas tecnologías de la comunicación, esa acción de resistencia incluiría la creación de comunidades wireless que no utilicen las infraestructuras de redes controladas por las grandes corporaciones o la reivindicación de un tramo del espectro radioeléctrico para uso público (capa física). Así como el desarrollo de software no propietario y de protocolos abiertos (capa lógica) y la elección para la difusión de sus documentos y trabajos de alguna modalidad de licencia copyleft, como las que ofrece Creative Commons (capa de contenidos).

Hay que tener en cuenta que la repuesta a la rigidez e insolidaridad de la legislación sobre propiedad intelectual se debe adecuar a las características específicas de cada ámbito de producción cultural e inmaterial (música, literatura, artes plásticas, conocimiento científico, investigación tecnológica...). No tiene sentido, por ejemplo, implementar el modelo del software libre a la lucha contra las patentes de medicamentos. "Pero en todos los casos, precisó Miquel Vidal, es necesario garantizar la creación de un pasillo entre las tres capas que haga viable y sostenible la aplicación del procomún, sin olvidar nunca que este derecho civil es un pre-requisito de libertad, no una especie de panacea que resuelve todas la desigualdades e injusticias".

Con la música a otra parte. SGAE, Top Manta, industria musical... ¿Quiénes son realmente los piratas?
Ignacio Escolar, que protagonizó junto a Jorge Cortell la mesa redonda que abrió el encuentro de Málaga, espera que estas sesiones sobre copyleft contribuyan a formular y desarrollar propuestas concretas que "materialicen" la defensa ideológica y moral del procomún y logren movilizar a sectores cada vez más amplios de la población. "Hay que salir de los circuitos de iniciados y convencidos, señaló Ignacio Escolar, e intentar llegar a la mayor cantidad de público posible mediante un mensaje tan sencillo y directo como contundente y demostrable: el copyright es malo para la creación artística, pues restringe su difusión y distribución y no aporta (casi) nada a la inmensa mayoría de los autores".

Según Ignacio Escolar, periodista especializado en temas tecnológicos y ex-miembro del grupo Meteosat, en el caso de la música, los artistas sólo reciben en concepto de royalties entre el 8 y el 12% (aproximadamente) del total de los ingresos que se obtienen por la venta de sus discos. Porcentaje que, con frecuencia, se reduce aún más, pues firman con sus discográficas unos contratos abusivos en los que, entre otras cosas, se comprometen a ceder parte de sus ingresos para gastos de promoción o a grabar un determinado número de discos antes de poder cambiar sus condiciones laborales. Además, para que un compositor pueda cobrar los derechos de autor que genera la venta de sus discos (y que, en principio, también recibe por la emisión radiofónica o por el canon de los cds vírgenes), tiene que firmar otro contrato abusivo con una filial editorial de su discográfica y asociarse a una entidad de gestión, en España la polémica SGAE, a la que le cede un 15% de dichos ingresos.

Al final de todo este proceso enrevesado y difuso, el músico suele sacar entre unas 50 o 60 de las viejas pesetas por cada disco de 12 euros que vende."Si tenemos en cuenta, señaló Escolar, que sólo el 0,7% de los discos que se publican anualmente logra vender más de diez mil copias, la conclusión es bastante clara: la mayor parte de los músicos no vive de sus discos, sino de las actuaciones que ofrece". Por todo esto, Ignacio Escolar piensa que a los músicos les interesa que le pirateen sus canciones, pues es la mejor forma de que la gente les conozca y luego vaya a sus conciertos. De hecho, la supuesta reducción de la venta de discos por culpa del top manta, la grabación casera de cds originales y el intercambio de canciones a través de Internet, sólo está perjudicando a un sector concreto de la industria musical -las grandes discográficas-, ya que, por ejemplo, la cifra de los ingresos por conciertos se ha duplicado en los tres últimos años.

Para Ignacio Escolar, que obtuvo el I Premio de Periodismo Digital "José Manuel Porquet" por su artículo Por favor, ¡pirateen mis canciones, la verdadera razón de la crisis de las discográficas es que el desarrollo tecnológico ha hecho que no sean necesarias, pues ha abaratado enormemente los procesos de grabación y de distribución. Sólo les queda una cosa, la promoción, aunque ahora, a través de Internet existen cada vez más posibilidades de publicitar con rapidez y eficacia una canción sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, las compañías discográficas siguen gozando de un enorme poder gracias a dos hechos fundamentales: la ignorancia (o, en algunos casos, la simple codicia) de numerosos artistas y la pervivencia de un sistema legislativo anacrónico que impide, por ejemplo, regalar canciones.

"Con la excusa de que defienden los derechos morales irrenunciables de los autores, explicó Ignacio Escolar, la SGAE puede cobrar en tu nombre un tema que has decidido ceder gratuitamente". Se trata de una organización jerárquica y cerrada, cuyos socios sólo pueden participar en la elección de la Junta Directiva si tienen más de dos años de antigüedad y han generado unos ingresos mínimos. De hecho, el 80% de sus miembros no puede votar, y quienes lo hacen, se deben someter a un rígido y clasista sistema electoral que concede más poder a los socios -ya sean autores o editores- que generan más ingresos.

Además, el 20% de la recaudación de la SGAE (que, en palabras de Escolar, es una "especie de Ministerio de Cultura en la sombra") procede de ingresos sin titular específico, es decir, que no se sabe a qué grupo o autor pertenece. "Ese dinero, ironizó Ignacio Escolar, se suele utilizar para promover a grupos que empiezan como Jarabe de Palo o promocionar la carrera de gente con escaso apoyo mediático como Ana Belén o Víctor Manuel". A su vez, en una de sus ultimas asambleas selectivas, la SGAE ha decidido que el 1% de esos ingresos indefinidos se destine a la creación de un "lobby" que conciencie a la opinión pública de los perjuicios que está provocando la piratería. "Ese lobby, advirtió Ignacio Escolar, pretende introducir nuevas restricciones en la actual legislación sobre propiedad intelectual, convirtiendo a Internet en un 'espacio de difusión pública' (la misma figura normativa que regula la emisión de música en bares y discotecas)". De este modo, se da cobertura legal a la SGAE para que cobre a un músico (aunque no sea socio) por dejar que los cibernautas se descarguen de forma gratuita algunas de sus canciones.

Ante esta situación, Ignacio Escolar considera urgente plantear iniciativas concretas que traten de frenar la acción depredadora de la SGAE. Él encuentra tres posibles opciones a medio plazo: crear una sociedad de gestión propia; intentar modificar la próxima Ley de la Propiedad Intelectual con movilizaciones en la calle, recursos jurídicos y presión mediática; o pactar con alguna entidad de gestión ya existente para que promueva un sistema de licencias copyleft.

En los debates informales que se desarrollaron en el marco de estos encuentros críticos sobre propiedad intelectual, varios asistentes coincidieron con Miquel Vidal e Ignacio Escolar en la necesidad de llevar a cabo acciones específicas para difundir esta defensa del procomún más allá de los ámbitos antagonistas y minoritarios en los que se mueve habitualmente. Entre otras cosas, se propuso la elaboración de un decálogo o manifiesto breve donde se expliquen las ideas y reivindicaciones principales del emergente movimiento copyleft en el Estado español, así como la puesta en marcha de una campaña de divulgación del sistema de licencias de Creative Commons entre sectores sociales y culturales potencialmente influyentes (como los servicios jurídicos de algunas instituciones artísticas que aceptan las exigencias de la entidades de gestión de los derechos de autor -SGAE, VEGAP, CEDRO...- por pura inercia). A su vez, se hizo referencia a algunos efectos prácticos concretos relacionados con la organización de estas jornadas, como la utilización de licencias Creative Commons en el último libro que ha publicado la editorial catalana Virus y en los documentos que está generando el proyecto Desacuerdos, una coproducción entre Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, el Museu d´Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y el programa de UNIA arteypensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía.

Contra la propiedad intelectual
En las jornadas Copyleft: la potencia de lo público también intervino Jorge Cortell, profesor de Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico en la Universidad Politécnica de Valencia, que analizó el concepto de propiedad intelectual y sus implicaciones morales, jurídicas y económicas. Desde los sacerdotes egipcios a las élites mediáticas y políticas contemporáneas, pasando por el clero medieval o las monarquías renacentistas, a lo largo de la historia quien ha tenido acceso a la información ha detentado el poder. Ante el peligro de que la expansión de la imprenta posibilitara la difusión de información crítica a los intereses del poder, a finales del siglo XVII y principios del XVIII se comenzaron a tomar medidas jurídicas para tratar de controlar esta nueva herramienta comunicativa. De este modo, en Gran Bretaña se aprobó en 1710 una ley por la que se le otorgaba a una sola compañía los derechos exclusivos de imprenta de todo el Reino de Inglaterra. "Es decir, precisó Jorge Cortell, el estatuto jurídico que originó la legislación sobre el copyright nació para crear un monopolio cuyo objetivo era controlar (censurar) y manipular todo lo que se imprimiera".

Jorge Cortell piensa que la noción de "propiedad intelectual" es en sí misma contradictoria. Según los economistas, la propiedad se caracteriza por ser "antagónica y excluible". Esto es, si yo tengo algo, no lo tienes tú, y viceversa. Pero los productos del intelecto, por su propia definición, no pueden ser ni antagónicos ni excluibles, sobre todo en plena era digital, en la que se diluye la diferencia entre original y copia y la tecnología permite distribuir la producción inmaterial con facilidad, rapidez y a muy bajo coste. Cortell recurre a una frase del escritor George Bernard Shaw (que obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1925) para explicar su razonamiento: "si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces tanto tú como yo, seguimos teniendo una manzana; pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, y las intercambiamos, entonces ambos tenemos dos ideas". Las ideas, los productos de intelecto (canciones, obras literarias, códigos informáticos...) no son propiedad exclusiva de sus autores, sino que pertenecen a todo el mundo.

Con frecuencia se cuestiona la viabilidad económica de los modelos alternativos al copyright restrictivo, asegurando que la expansión del copyleft impedirá a los creadores vivir de su trabajo. En este sentido, Jorge Cortell recordó que actualmente los autores pueden obtener tres tipos de remuneraciones fundamentales por sus creaciones: adquirir prestigio o popularidad (dándole a conocer en ámbitos culturales y profesionales); lograr ingresos por el alquiler de su talento (por ejemplo, los conciertos); y sacar réditos por cada copia que venden de sus obras. Los sistemas de licencias basados en el copyleft no se oponen a las dos primeras clases de remuneraciones, pero cuestionan la tercera y, sobre todo, un cuarto tipo de ingresos que, con la actual legislación sobre propiedad intelectual, obtienen los autores (y sus herederos): los beneficios derivados del uso que se haga de su trabajo. Esto es, hoy día los usuarios deben pagar no sólo por adquirir un producto intelectual manufacturado (lo que garantizaría los réditos por la venta de copias de una obra), sino por utilizarlo. En este punto, Jorge Cortell recordó que toda ley es fruto de un contrato social y que, por ello, no es necesariamente justa. "En la Grecia del siglo V antes de Cristo, ejemplificó, la pedofilia no sólo era una práctica habitual y socialmente aceptada, sino que estaba amparada por la ley".

A menudo, se defienden los sistemas legislativos sobre propiedad intelectual que se aplican actualmente en la mayor parte de los países europeos porque, a diferencia de los derivados de la tradición jurídica anglosajona, otorgan a los autores y editores una serie de "derechos morales" (reconocimiento de la autoría, respeto a la integridad de la obra...) que complementan los "derechos de explotación" (propiedad exclusiva sobre la reproducción, distribución y comercialización de una creación) en los que se centra el copyright. A juicio de Cortell, se trata de una distinción más simbólica que efectiva, pues en ambos casos el fin es canalizar y controlar los medios de distribución y comercialización de los productos culturales.

En este contexto, las sociedades de gestión de los derechos de autor funcionan como un monopolio legal que tiene la potestad exclusiva sobre la recaudación de los derechos de explotación. Imbuida de ese afán recaudatorio, una de estas entidades, la SGAE, se ha inventando un impuesto absurdo: el canon por los cds vírgenes (que fiscaliza la copia privada). "Una tasa, alertó Jorge Cortell, que también quieren aplicar a los discos duros".

Para Jorge Cortell lo que debería regularse con más precisión es el plagio, una actividad que llevan a cabo desde instituciones públicas y organismos oficiales (por ejemplo, el gobierno de los EE.UU, que copió la baraja de poker con los rostros de los dirigentes iraquíes más buscados) hasta figuras mediáticas como Ana Rosa Quintana, pasando por grandes corporaciones como Disney. De hecho, uno de los filmes más conocidos (y que más ingresos ha generado) de esta multinacional, El rey león (1994) es un plagio evidente de una película de animación japonesa de 1965, El emperador de la jungla. "Y lo más paradójico, subrayó Cortell, es que Disney ha conseguido en los tribunales que El emperador de la jungla no pueda distribuirse fuera de Japón". No hay que olvidar que en EE.UU los juicios son tan caros, que las personas y entidades con escasos recursos económicos tienen muy pocas posibilidades de afrontar con éxito una demanda judicial.

Hay otros muchos ejemplos que reflejan las arbitrariedades y los abusos que se pueden cometer con la excusa de defender los derechos de autores y editores. En EE.UU, la condena por copiar ilegalmente un programa como Photoshop es mayor que por disparar a alguien en la rodilla; la RIAA (Recording Industry Association of America) y la BSA (Business Software Alliance) consiguieron incriminar en un sólo día a 216 usuarios (entre ellos una niña de 12 años) por descargarse música de Internet; la multinacional Time Warner obtiene dos millones de dólares anuales por los derechos de la canción "Cumpleaños feliz". En otros países como Finlandia, los taxistas tienen que pagar un canon (20 euros al año) por la música que suena en las radios de sus coches; el mismo dinero que deben desembolsar las guarderías por las canciones que cantan sus jóvenes alumnos. "Además, subrayó Jorge Cortell, las leyes de propiedad intelectual no sólo afectan a los productos culturales, sino a todos los sectores industriales: desde el desarrollo de software a la investigación médica y biológica o la fabricación de periféricos informáticos".

Ya en la fase final de su intervención en los encuentros copyleft de Málaga, Jorge Cortell recordó que el periodo de caducidad de los derechos de autor se ha ampliando varias veces desde su creación, pasando de los 14 años de 1790 a los casi 100 de la actualidad (dura lo que la vida de su autor, más 70 años -para individuos- o 95 años -para empresas). Y curiosamente, ese periodo se ha ido prorrogando cada vez que estaba a punto expirar el copyright de Micky Mouse (que, por cierto, es una copia de una pintura rupestre encontrada en la República Checa). No hay que olvidar que transcurrido ese periodo de protección, las obras pasan a ser consideradas "dominio público", lo que posibilita que sean reproducidas, versionadas y distribuidas libremente. Para Jorge Cortell, el hecho de que históricamente la mayor parte de las producciones intelectuales hayan estado dentro de ese "dominio público", ha contribuido al desarrollo de la cultura. Algo de lo que incluso Disney se ha beneficiado, pues muchas de sus películas más taquilleras -Cenicienta, Blancanieves, Pinocho...- se "inspiraron" en obras que carecían de copyright.