Federico Aguilera, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna (Tenerife) y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (2004), cree que gran parte de los problemas y desastres medioambientales que se han producido durante los últimos años en España (y, por extensión, en todo el planeta) están vinculados a un "deterioro de la calidad de la democracia". Un deterioro que se refleja en el hecho de que, por lo general, la toma de decisiones sobre asuntos que afectan al conjunto de la sociedad se realiza de manera autoritaria, sin debate, sin transparencia y, a menudo, intimidando (directa o indirectamente) a quienes muestran públicamente su desacuerdo. Siguiendo a Cornelius Castoriadis, Federico Aguilera considera que para que haya una democracia real se tiene que propiciar el desarrollo de "debates públicos abiertos y argumentados" sobre las cuestiones que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y crear dispositivos legislativos para que éstos puedan participar de forma directa en la toma de decisiones. Para ello es necesario que, como sugiere Pierre Bourdieu, no sólo se les emplace a participar periódicamente en comicios y plebiscitos, sino que también se les permita elegir el "modo de construcción colectiva de las elecciones" (esto es, se les permita decidir cómo se toman las decisiones).

Nada de esto ocurre en la actualidad. Las convocatorias electorales son un mero trámite que posibilita la alternancia entre fuerzas políticas que, más allá de sus diferencias en temas sociales o culturales, nunca ponen en cuestión la hegemonía económica del capitalismo. Los parlamentos se conciben como espacios para la discusión pública, pero en ellos no se lleva a cabo un debate real sino una confrontación fuertemente codificada y ritualizada en la que se priorizan los intereses de partido (la "lógica de bando") sobre los argumentos ideológicos. Las herramientas que existen para impulsar la participación ciudadana tienen una efectividad muy limitada. Además, ésta es presentada no como un derecho reconocido por la Constitución española (artículos 9 y el 23.1) que hay que garantizar, sino como una especie de concesión del poder que demuestra así su generosidad y sensibilidad democrática.

En este contexto, las leyes que se dictan para proteger el medio ambiente suelen tener un carácter "ceremonial" y retórico, de hecho cuando colisionan con los intereses de grandes grupos de presión, se encuentran (o inventan) con facilidad excusas legales para no tener que cumplirlas. En este sentido, Emilio Valerio, fiscal de Medio Ambiente de Madrid, asegura en un artículo publicado por la Revista Biológica que en España las leyes ambientales sólo se cumplen cuando afectan a intereses económicos de índole menor. "Pero cuando estos intereses son importantes", subraya, "los incumplimientos son clamorosos". Hay que tener en cuenta que, como se advertía en un informe elaborado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2001, en la mayoría de las ocasiones, el principal "delincuente medioambiental" es la propia administración.

"Todo esto sucede delante de nuestros ojos", señaló Federico Aguilera, "pero, como ocurre en el cuento El traje nuevo del emperador, casi nadie se atreve a decirlo, quizás porque nos han enseñado a mirar para otro lado o porque tememos sufrir represalias si nos posicionamos de forma muy clara contra el poder". Un poder que hace uso de todo tipo de artimañas para intimidar a aquellos que se atreven a desafiarlo y que, desde luego, no duda en descalificar con virulencia sus iniciativas y/o planteamientos, como hizo Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que llamó "terroristas sociales" a quienes se oponen al proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla.

Según Federico Aguilera, el poder, para imponer sus criterios, es capaz de apropiarse de ciertos enunciados contrahegemónicos y de manipular descaradamente el lenguaje y el imaginario colectivo, vaciando de sentido (y, por tanto, desactivando su posible potencial transformador) nociones como "libertad", "igualdad", "democracia", "terrorista" o "desarrollo sostenible". Esto es algo que ya apreció Maurice Joly, abogado antibonapartista francés que en su libro Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu (1864) aseguraba que el "secreto principal del gobierno consiste en debilitar el espíritu público, hasta el punto de desinteresarlo por completo de las ideas y los principios". "En todos los tiempos", añade, "los pueblos, al igual que los hombres, se han contentado con las palabras. Casi invariablemente les basta con las apariencias; no piden nada más. Es posible entonces crear instituciones ficticias que respondan a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias". A juicio de Federico Aguilera, el diagnóstico de Joly sigue siendo "absolutamente válido" para la sociedad actual (la sociedad del espectáculo), pues vivimos en una "democracia ficticia" en la que, aunque se ha desarrollado una sofisticada y costosa maquinaria simbólica para aparentar que son los ciudadanos los que toman las decisiones, el poder real continúa estando en manos de unas minorías privilegiadas.

El trabajo que ha llevado a cabo B. Flyvbjerg sobre cómo se conciben, se presentan y se aprueban los grandes proyectos de infraestructura y de ordenación urbana y territorial muestra con claridad, en palabras de Aguilera, "que el poder recurre de forma sistemática a la manipulación y a la mentira para legitimar sus decisiones". Según Flyvbjerg, la justificación de la necesidad estratégica y sostenibilidad ecológica de estos megaproyectos se basa, en la mayor parte de los casos, en una exageración de sus beneficios (empleo, crecimiento económico...), una subestimación de sus costes (que, a su juicio, no se puede explicar por el error, sino que es fruto de una falsificación intencionada) y una minimización de sus impactos ambientales.

En este punto de su intervención, Federico Aguilera afirmó que cuando se analizan estos megaproyectos se detectan muchos de los indicadores de "decisiones autoritarias" que se señalan en el libro Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias (del que él es editor y autor o co-autor de varios de los capítulos). Por ejemplo, se suelen presentar como la única solución posible a un problema (a menudo inventado o magnificado), ignorando alternativas menos costosas en términos ambientales, sociales y monetarios. A su vez, se suele contratar a técnicos para que nieguen o minimicen sus impactos sobre el entorno ("no se debe olvidar que siempre hay expertos dispuestos a legitimar lo que haga falta", puntualizó Aguilera) y, con frecuencia, se viola la legislación ambiental y se oculta información relevante (como hizo la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias que ocultó informes internos que demostraban la incompatibilidad de construir el puerto industrial de Granadilla con la conservación del entorno natural donde se quiere ubicar).

En opinión de Federico Aguilera, para que la decisión de realizar uno de estos megaproyectos se pueda considerar "democrática", está tendría que ser tomada después de que se haya definido con claridad cuál es el problema que se quiere solucionar y debatido públicamente las distintas alternativas que existen. "Es decir", explicó, "la legitimación debe derivar de la creación de espacios de debate público argumentado -y no de los estudios técnicos que realicen unos expertos 'contratados' para la ocasión- y tienen que ser los promotores del proyecto los que justifiquen de forma convincente la necesidad del mismo". En este sentido, Aguilera recordó que en Francia, cuando un proyecto sobrepasa unos umbrales presupuestarios o una longitud de ocupación territorial determinada, tiene que someterse a una comisión nacional de debate público financiada con fondos estatales. "No sé si esta normativa se está aplicando de forma eficaz", precisó, "pero, a priori, es una herramienta que puede servir para que la toma de decisiones en torno a la construcción de grandes infraestructuras y equipamientos industriales y urbanísticos sea más democrática".

En cualquier caso, el autor de Economía y medio ambiente: un estado de la cuestión se muestra muy escéptico sobre la efectividad real de los instrumentos "legales" a los que, a día de hoy, pueden recurrir los ciudadanos para intentar participar en los asuntos públicos e influir en la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que sólo una de las "iniciativas legislativas populares" que se han presentado durante los últimos años en las Islas Canarias (todas ellas con el respaldo de un numero considerable de firmas) ha sido aceptada. Tampoco ha servido de nada el riguroso trabajo de investigación que se ha realizado para desmontar los argumentos utilizados por la administración para defender la construcción del puerto industrial de Granadilla, ni las multitudinarias manifestaciones que se han celebrado en contra de éste y otros proyectos (movilizaciones que fueran ignoradas por la mayor parte de los medios de comunicación, a pesar de que en algunas de ellas participaron más de cien mil personas). Federico Aguilera también desconfía de los mecanismos legislativos que proporcionan las instituciones de la Unión Europea (la última instancia a la que se puede acudir), "donde tienen un poder enorme los lobbies corporativos", recordó, "como demuestra el libro Europa S.A. La influencia de las multinacionales en la construcción de la UE". Por todo ello, Aguilera considera que los movimientos sociales deben plantearse la posibilidad de recurrir puntualmente a acciones de desobediencia civil, "eso sí", precisó, "buscando siempre un buen asesoramiento jurídico, pues el Estado actúa cada vez con más contundencia sobre las personas que la practican".