Luis Andrés Zambrana, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y uno de los fundadores de la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable, inició su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) mostrando un plano de la ciudad de Sevilla realizado en 1771 "por disposición" de Pablo de Olavide. En el mismo, se aprecia que la trama urbana de la capital hispalense se mantenía prácticamente igual que a principios del siglo XVI, una época en la que Sevilla llegó a ser una auténtica metrópolis por su papel central en el comercio entre Europa y América. De hecho, la trama urbana de Sevilla no cambió de forma significativa hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento caótico y desordenado por la progresiva incorporación de nuevos espacios situados fuera del casco histórico. Un proceso de expansión que se produjo sin que mediara ningún tipo de planificación que permitiera racionalizarlo.

"Desde los años setenta del siglo pasado", advirtió Luis Andrés Zambrana, "esta misma dinámica de crecimiento se está reproduciendo en gran parte de su área metropolitana, especialmente en la comarca del Aljarafe" que se encuentra al oeste de la capital y cuyo nombre procede de una voz árabe que significaba otero o elevación. Localidades situadas al sur y al este de esta área metropolitana como Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra ya experimentaron una fuerte transformación entre 1950 y 1975 al acoger a gran parte de la población rural que llegó a la ciudad para trabajar en el sector industrial. En ese periodo, sólo los municipios del Aljarafe situados más cerca de Sevilla (San Juan de Aznalfarache, Camas...) tuvieron un crecimiento demográfico significativo, mientras que el resto de la comarca apenas aumentó de población y mantuvo su idiosincracia rural.

Esta situación cambió entre 1975 y 1995, cuando se comienzan a construir en distintos municipios del Aljarafe (Tomares, Mairena...) nuevas áreas residenciales -en muchos casos urbanizaciones de adosados y chalets- que alojaron a una población que buscaba un mayor contacto con lo rural sin renunciar a las ventajas de la vida urbana. Es, por tanto, una "migración" voluntaria protagonizada fundamentalmente por personas de clase media-alta que decide depender del coche para sus desplazamientos cotidianos con tal de poder disfrutar de una vivienda más espaciosa y de un entorno agradable y tranquilo (no hay que olvidar que en esa época todavía resultaba cómodo y relativamente rápido "bajar" en automóvil a la capital).

El proceso de crecimiento urbanístico se ha intensificado durante los últimos quince años, extendiéndose sin ningún tipo de planificación por todo el Aljarafe (no sólo por los municipios de la primera corona metropolitana) y generando una pérdida progresiva de la "ruralidad" de este espacio y de la calidad de vida de sus habitantes. En la actualidad, según Luis Andrés Zambrana, la mayoría de la gente que se muda al Aljarafe ya no lo hace sólo por gusto, sino porque no puede permitirse el "lujo" de comprar una vivienda en Sevilla.

"Todo este proceso urbanístico expansivo y acelerado", escribió Zambrana en un artículo publicado en el diario El País el 8 de junio de 2007, "nos ha dejado en una situación crítica, situación que sin duda merece que paremos a reflexionar en aras de un futuro más ordenado, buscando soluciones, aquellas que estén a tiempo de llegar: para la movilidad, el transporte público, la necesidad de viviendas, la conservación del patrimonio en todas sus vertientes, el desarrollo económico, el bienestar de los habitantes... pero soluciones de verdad, no un discurso vacío que hace un uso espurio de la 'sostenibilidad' y la 'ecología' con fines electoralistas".

Hay que tener en cuenta que ya en 1983, la Junta de Andalucía -que es quien tiene competencia en la ordenación del territorio- se planteó la necesidad de establecer para el área metropolitana de Sevilla una serie de directrices de planeamiento. Pero no hizo nada hasta once años después, cuando acordó la elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) que nunca llegó a ver la luz. En opinión de Luis Andrés Zambrana, ese abandono ha permitido que durante los últimos trece años (coincidiendo con el boom inmobiliario que ha hecho que España sea el país europeo con mayor número de viviendas construidas por cada mil habitantes) las decisiones que afectan de forma más irreversible a la ordenación del territorio hayan quedado en manos de las administraciones municipales. Administraciones que, a menudo, han concebido las operaciones urbanísticas como un modo de obtener -legal o ilegalmente- una liquidez de caja que les permite realizar grandes inversiones con las que justificar su gestión y conseguir la reelección.

Los principales beneficiarios de todo esto han sido los promotores inmobiliarios que, aprovechándose de la dejadez de la administración autonómica y de la avaricia y/o afán electoralista de alcaldes y concejales de urbanismo, han hecho un "negocio redondo" en el Aljarafe (como en otras muchas zonas del Estado español), donde han comprado grandes cantidades de suelos rústicos a precios muy bajos para, tras una oportuna recalificación, convertirlos en urbanizables. En este contexto, pueblos de esta comarca como Castilleja de Guzmán han multiplicado por once su población, mientras otros como Valencina, Almensilla o Bormujos -que tenían un marcado carácter rural- la han cuadriplicado o triplicado. En muchos casos, las nuevas viviendas que se construyen se destinan a segunda residencia y existen pueblos como Palomares en los que sólo el 54% de las casas están ocupadas durante todo el año (un porcentaje muy similar al que hay en las localidades turísticas del litoral andaluz).

En los últimos años, un sector cada vez más amplio de la sociedad civil ha empezado a reclamar la necesidad de frenar este proceso desmesurado y caótico de crecimiento urbanístico que está teniendo efectos devastadores sobre el territorio y deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos. Una tesis que se ha visto reforzada por una serie de intervenciones judiciales de gran repercusión mediática que han evidenciado la corrupción política que se ha generado en torno a este proceso. Todo esto ha propiciado que la administración pública andaluza haya puesto en marcha diferentes iniciativas legislativas vinculadas a la ordenación urbanística y del territorio. En este sentido, ha aprobado un Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que exige, entre otras cosas, que los PGOU de los municipios de la comunidad no puedan contemplar crecimientos superiores al 30% de la población y al 40% del suelo urbanizable en un plazo de ocho años. A su vez, ha retomado su proyecto de diseñar un Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) que incluiría un plan de transportes metropolitanos en el que, según ha declarado recientemente Ignacio Pozuelo (director general de Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), se tiene previsto invertir más de 2.000 millones de euros.

A juicio de Luis Andrés Zambrana, estas iniciativas normativas han llegado tarde ("muy tarde"), pero al menos pueden servir para impedir que el "desastre termine de consumarse" y se produzca la destrucción definitiva del patrimonio paisajístico, arqueológico y cultural del Aljarafe. Hay que tener en cuenta que los PGOU de muchos municipios de esta comarca prevén crecimientos poblacionales y de suelo urbanizable que superan ampliamente los límites establecidos por el POTA. Por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana de Almensilla -un municipio situado a 17 kilómetros de Sevilla (en la frontera entre la primera y la segunda corona de su área metropolitana) que apenas tiene unos 5.000 habitantes- propone la construcción de 18.000 nuevas viviendas. "Algo que si se llevara a cabo", señaló Luis Andrés Zambrana, "supondría que su población aumentara hasta los 60.000 habitantes -más de los que tiene una ciudad como Segovia- y que el porcentaje de ocupación del suelo pasara del 7'7% al 66'5%". En este sentido, la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable considera que el POTA, más allá de sus limitaciones (no hay que olvidar que sigue permitiendo crecimientos urbanísticos porcentualmente superiores a los que se han producido durante las tres últimas décadas en el área metropolitana de Sevilla) es un "primer paso" para frenar la expansión incontrolada de promociones inmobiliarias en esta comarca.

Creada en junio de 2005, la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable tiene como principal objetivo defender una "ordenación territorial y urbanística que respete a las personas, el entorno y la identidad de esta comarca" y apuesta por una participación activa de sus vecinos en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a su calidad de vida y a la conservación del patrimonio cultural y natural del espacio en el que habitan. Además de solicitar la inmediata paralización de los PGOU que han aprobado los distintos municipios del Aljarafe (a modo de moratoria urbanística), esta plataforma ha realizado una serie de actividades y movilizaciones para, entre otras cosas, proponer la creación de un "parque arqueológico y paisajístico" en la zona norte de esta comarca o impedir que el trazado de una nueva vía metropolitana que se quiere construir en dicha zona norte afecte a los yacimientos arqueológicos y a los dólmenes que hay en los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.

A su vez, el 17 de marzo de 2007 organizó el "Festival por un Aljarafe Habitable" que congregó en el Parque del Alamillo de Sevilla a unas 50.000 personas. La idea inicial era celebrar este evento en el jardín de Forestier, un espacio diseñado en 1928 por el urbanista francés J.C. Nicolas Forestier que se encuentra muy cerca del núcleo urbano de Castilleja de Guzmán. Pero finalmente, la Universidad de Sevilla, propietaria de este espacio (que ha sido declarado "Bien de Interés Cultural"), no les dio permiso. Una decisión que, según Luis Andrés Zambrana, probablemente estuvo motivada por las presiones que recibió del ayuntamiento de este municipio, cuyo PGOU propone la construcción en el entorno de este jardín de un macroproyecto urbanístico que puede acabar con uno de los pocos espacios naturales que se conservan en la primera corona metropolitana del Aljarafe.